Que Cataluña, una comunidad autónoma con tres de sus cuatro provincias con fachada al Mediterráneo, tenga que recurrir a traer el agua que le falta en barcos desde otras comunidades, y que ese agua vaya a proceder casi con toda seguridad de la desaladora de Sagunto, evidencia la absoluta falta de previsión de sus gobernantes.

Máxime cuando ya en 2008 se tuvo que recurrir a esta solución durante el mes de mayo para paliar las consecuencias de un problema que, a la postre, se solventó con la llegada de abundantes lluvias primaverales en ese año.

En el caso catalán, la deriva independentista de la Generalitat en la última década (2014-2024) ha conducido a un desprecio sistemático de los problemas reales de su territorio en beneficio de su proyecto político de secesión con las consecuencias conocidas por todos.

Ahora, cuando el desaguisado del procés se intenta reconducir con la ley de amnistía, ya hemos visto como el núcleo indepe más radical de Junts sabotea sus propios acuerdos y opta por la autolesión de sus supuestos intereses políticos. 

Por eso hay que recordarle a los soberanistas de la Generalitat y al Gobierno y, también a la oposición del no a todo, que ni la independencia ni la amnistía, ni mucho menos la plazas de toros (como sostiene esotéricamente Ayuso), sirven para arreglar el desastre de la sequía, y que más vale que se pongan de acuerdo cuanto antes para abordar el principal reto que tenemos planteado: el calentamiento global y la consiguiente crisis climática que puede llevarse por delante nuestras principales fortalezas económicas como son la agricultura y el turismo.

Andalucía va a seguir los pasos de Cataluña y será la siguiente comunidad en declarar la emergencia por la sequía si no se produce el milagro de la lluvia en las próximas semanas. En el caso andaluz también se hace patente la inacción de la Junta, encima obcecada en autorizar más regadíos, y la imprevisión del Gobierno. No es de recibo que de sus cinco provincias con costa solo tengan desaladoras Almería y Málaga. Y que, ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico proponga como solución a medio plazo otra desaladora más en Almería y otra en Málaga, olvidándose de Cádiz, Granada y Huelva.

Hay que señalar que, en vez de una desaladora, la Junta ha propuesto un trasvase desde la presa de Alqueva en Portugal, algo casi imposible, porque el país vecino también sufre la sequía y la regulación de los ríos que comparte con España está sujeta a un tratado internacional entre Madrid y Lisboa.

A PP y Vox, que son alérgicos a la memoria histórica, es preciso recordarles que durante el gobierno de Zapatero los populares se opusieron por todos los medios a la construcción de desaladoras en el litoral mediterráneo. Como ya ocurrió con el impuesto al sol de Rajoy en el caso de las energías renovables, los palos en las ruedas de la transición ecológica tienen consecuencias que al final pagamos entre todos y con sobrecostes muy importantes.

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