Todo lo que rodea a los contratos adjudicados por Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, se está viendo salpicado por el fango de la corrupción. En la trayectoria del líder del PP valenciano hay frentes tanto antes como después de la DANA, la gran mancha en su expediente, y que ya no solo le cerca por las 224 vidas humanas perdidas. Los contratos públicos para la reconstrucción de los municipios afectados por las inundaciones han ido a parar a diferentes empresas, algunas relacionadas con la trama Gürtel, y otras vinculadas con el entorno del propio Mazón.

En los últimos días, ha trascendido que esta práctica podría no ser nueva en el modus operandi del líder regional. La Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación de contratos por parte de la Diputación de Alicante a un amigo de Mazón, por valor de más de dos millones de euros. Las adjudicaciones a este empresario del sector de la comunicación se extienden hasta la época en la que el ahora president dirigía la institución provincial, y abarcan también a su sucesor y alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

Ha sido una denuncia del portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, la que ha causado las pesquisas del Ministerio Público, que ha citado a declarar al denunciante. Se investigan posibles delitos de fraude en la contratación pública, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación, según publica Eldiario.es. El empresario en cuestión es Miguel Quintanilla, quien también ha sido adjudicatario de la Generalitat durante el mandato de Mazón. Concretamente, ha obtenido dos contratos a dedo, uno de ellos para orquestar la publicidad sobre la respuesta del Consell a la tragedia del 29 de octubre.

Los contratos de Mazón con su amigo en Alicante

Lo que ahora se investiga es que la Diputación de Alicante firmó dos contratos públicos para la inserción de publicidad sobre sus campañas en medios de comunicación, por un total de más de dos millones de euros. Ambos fueron adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) en la que estaba Idex Ideas y Expansión SL, propiedad de Miguel Quintanilla. Desde Compromís aseguran que esta UTE “aportó una oferta económica falsa” para participar en el concurso de licitación, y que la Diputación habría “maquinado con la intención de manipular los procesos de contratación”, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público.

Las sospechas se acentúan si se tiene en cuenta que Quintanilla y el entonces presidente provincial, Carlos Mazón, mantenían reuniones todos los meses, cenando amistosamente con otros políticos, empresarios y periodistas en un restaurante de Alicante. La institución, ahora bajo el mando de Toni Pérez, asegura al citado medio que colaborará con la Justicia: “La Diputación se pone a su disposición para colaborar en lo que sea necesario”. Sin embargo, desde la Generalitat Valenciana no se han pronunciado al respecto, mientras que el empresario niega tener conocimiento de la denuncia.

Mazón enriqueció a la empresa de su jefe de gabinete antes y después de la DANA

El enriquecimiento de los “amiguitos del alma” de Mazón, como lo calificó la oposición, se ha convertido en una constante, especialmente tras la DANA. El Ejecutivo regional ha aprovechado los contratos de emergencia relacionados con la reconstrucción de la provincia de Valencia para regar de dinero público a empresas escogidas a dedo, como por ejemplo STV Gestión SL. Esta corporación de Murcia fue adjudicataria de varios contratos para limpiar el lodo en los municipios afectados, y en ella trabajó anteriormente José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón.

A principios de este año, trascendió que lo que originalmente fue una adjudicación a dedo aprobada por la cesada consellera de Industria, Nuria Montes, por 290.000 euros, había sido inflada un mes más tarde. La sustituta al frente de esta cartera, Marian Cano, firmó una resolución que ampliaba el montante de la licitación a casi 2,3 millones de euros, ocho veces más que el valor inicial. Según el Ejecutivo regional, el motivo es que la carga de trabajo “era muy superior a la presupuestada” originalmente.

La empresa en la que trabajaba Cuenca es una vieja conocida del PP en la Comunidad Valenciana. De nuevo con Alicante con escenario, donde Mazón dirigía la Diputación, STV Gestión recibió numerosas adjudicaciones en las instituciones que lideran los populares en la provincia, la última con el Ayuntamiento de Mutxamel -escenario de las cenas de Mazón y Quintanilla- por unos 26,6 millones de euros. Con el ahora president en el despacho, la Diputación de Alicante regó a esta empresa con dos contratos por unos 6 millones de euros, en al menos dos contratos públicos.

Los "amiguitos del alma" de Mazón

Los socialistas anunciaron en diciembre que exigirán tener acceso a "los expedientes de todas las contrataciones de Emergencia con los amiguitos del alma de Mazón y las empresas vinculadas a los casos de corrupción del PP". El pasado viernes 17 de enero, trascendió otro contrato más ‘a dedo’ por parte del Consell de Carlos Mazón a una empresa salpicada por la corrupción. Según recogía El País, el PP valenciano ha adjudicado un contrato de 9,5 millones de euros a una constructora vinculada con un empresario que fue condenado por la Gürtel.

Se trata de CHM Obras e Infraestructuras S.A., vinculada a Rafael Martínez Berna, expresidente de la patronal de Alicante, la cual ha recibido la mencionada adjudicación de parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Este fue condenado en 2018 a un año y medio de cárcel por dos delitos electorales y otro de falsedad continuada por la financiación irregular del PP valenciano al haber emitido facturas falsas a una red corrupta.