El concurso para la gestión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Javier (Murcia) estaba preparado para que ganara Aqualia desde su concepción, meses antes del inicio del proceso de licitación si se tiene en cuenta el proceso seguido y el hecho de que el Ayuntamiento de San Javier tuvo que dar marcha atrás con las especificaciones de este prooyecto. El Ayuntamiento de San Javier, liderado por José Miguel Luengo, del Partido Popular, contrató a la polémica consultora Ingeagua para la redacción y valoración de los pliegos y condiciones tanto del concurso del servicio como de los de los anteproyectos técnicos que requieren a las operadoras como requisito indispensable para poder llegar a gestionar el abastecimiento de agua potable del municipio. Uno de ellos, el de telelectura de los contadores del agua, apunta a que Ingeagua estaba preparando el terreno para que su cliente privado, FCC Aqualia, resultara ganador de uno de los mayores contratos de la ciudad: 224 millones de euros en 20 años. Curiosamente, la solución para la telelectura de los contadores exigida a los operadores que se querían presentar al concurso era específicamente la que tiene su cliente Aqualia, que optaba al concurso de gestión del servicio.

Durante la fase de previa a la licitación, en noviembre de 2022, el Ayuntamiento de San Javier publicó una serie de anteproyectos elaborados por la consultora Ingeagua sobre las inversiones que tendría que hacer la empresa que resultara adjudicataria del servicio de gestión del agua potable, “siendo uno de los documentos preceptivos a incluir en dicho procedimiento el Anteproyecto de las obras que están previstas ejecutar durante la duración del contrato”, según se especifica en estos pliegos. Una de las principales inversiones propuestas –valorada en más de 3,8 millones de euros- fue la implantación de la telelectura de contadores de agua en todo el municipio de San Javier. La sorpresa llegó cuando se pudo comprobar que el proyecto publicado correspondía a una solución propia de Aqualia, que ya había instalado en otras ciudades como Salamanca. Sorpresa, que no casualidad, porque los encargados de la redacción de las condiciones de este anteproyecto era la misma consultora que trabaja para la filial de FCC: Ingeagua. Una coincidencia que demuestra que, previo al proceso de licitación, ya existía una connivencia entre Aqualia y la consultora malagueña.

Los sistemas tecnológicos de telelectura de contadores de agua disponibles en el mercado son variados, y es suficiente definir unas especificaciones técnicas para que los licitadores oferten la solución que consideren más adecuada, siempre cumpliendo esas especificaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento de San Javier publicó un anteproyecto redactado por Ingeagua en el que las soluciones eran las del proveedor Arson Metering, una empresa tecnológica de Vizcaya con soluciones de telelectura. Si bien el nombre del proveedor no aparecía expresamente, sí que se especificaban nombres de sus soluciones comerciales (“Pack Metering QX”, “Herramienta de testeo LBEP”, “APP LBep”), así como fotos y características de sus equipos y aplicaciones extraídas de su página web.

Frente a esta situación, algunos de los licitadores recurrieron ese anteproyecto por contener una solución comercial concreta, considerando que las especificaciones eran excesivamente restrictivas. Hay que tener en cuenta que cada operadora de gestión de sistemas de abastecimiento de agua tiene soluciones específicas para la tele lectura de contadores, pero la propuesta en este anteproyecto sólo ha sido anteriormente adoptada por el licitador FCC Aqualia. El Ayuntamiento de San Javier se vio obligado a rectificar posteriormente y eliminar cualquier mención a una solución o marca específica, aclarando que era con carácter orientativo, pero manteniendo las especificaciones y nombres comerciales.

Ingeagua y su modus operandi

El Ayuntamiento de San Javier, liderado por José Miguel Luengo Gallego (PP), decidió encargar la redacción y valoración de las propuestas a la consultoría malagueña Ingeagua. Concretamente, fue a través de un contrato menor para “la prestación del servicio de honorarios y asesoramiento externo”, por un importe de 18.029 euros. Esta empresa trabaja para administraciones públicas de toda España, pero también para clientes privados. Y aquí es donde se incurrió en el posible conflicto de intereses, ya que también presentó a este concurso la propuesta de uno de sus clientes, Aqualia.

Saltaron las primeras alarmas cuando en la valoración de criterios técnicos subjetivos realizada por la propia Ingeagua, la filial de FCC acabó recibiendo la máxima puntuación (49 puntos de 49 posibles). Con el análisis de la redacción sesgada e intencionada de los anteproyectos, que deberían incluir las características de los equipos y dispositivos lo más genéricas posible para garantizar la competencia de los licitadores, sin exigir fabricantes o soluciones concretas que restrinjan la libre concurrencia, se puede confirmar que la relación entre Ingeagua y Aqualia tenía un objetivo claro: adjudicar directamente el contrato más rentable de un servicio público en San Javier.

La propuesta presentada por Aqualia aún tenía reservado un nuevo giro de guion después de su desmesurada evaluación técnica. Cuando se realizó la apertura del sobre con la oferta económica de las operadoras que optan a conseguir la gestión de este servicio, se pudo comprobar que la de Aqualia superaba por mucho lo que se considera oferta temeraria. Concretamente, su oferta era de 80,7 millones de euros, superando en 16 millones el límite de temeridad, y un 56% por encima del resto de concurrentes. El resto de las operadoras que optan a este concurso ya han solicitado que se excluya directamente la propuesta de la filial de FCC por varias irregularidades en todo el proceso. La decisión ahora está en manos del servicio técnico del Ayuntamiento de San Javier, liderado por el ingeniero municipal Juan Gabriel Lizán, una figura nombrada por el alcalde Luengo Gallego, sobre la que también planea una sombra de duda por sus relaciones previas con Aqualia y por tener antecedentes como imputado por prevaricación.