El profesorado de la educación pública de la Comunidad Valenciana selló el pasado mes de mayo una huelga histórica con paros que se prolongaron durante un mes a razón de la asfixia a la que tiene sometida el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca al sistema público de educación, los recortes, los constantes ataques a la lengua valencia y la privatización que avanza a marchas forzadas.
Sin embargo, la gravedad del escenario no se resume exclusivamente en las políticas que lleva a cabo el PP de Pérez Llorca, sino también en las exigencias y los postulados que plantea la extrema derecha en el Gobierno autonómico. Tras haber aplicado la prioridad nacional en varias autonomías, planteada al PP como condición sine qua non para sus gobiernos de coalición, ahora Vox da un paso más en la Comunidad Valenciana. Entre las enmiendas que los de José María Llanos han presentado a los presupuestos autonómicos, la extrema derecha exige el “estricto cumplimiento” de la neutralidad política en las aulas valencianas.
Según se desprende del documento presentado en Les Corts, desde Vox buscan sumar un nuevo apartado a las tareas del personal docente recogidas en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo, e introducen para ello una sección bajo el título 'Plan de Convivencia' cuyo objetivo es “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”. Asimismo, añade que “los directivos, los docentes y el consejo escolar del centro educativo deben velar por su neutralidad ideológica”. Según plantea la extrema derecha, lo que pretenden con esta exigencia a los populares es que se actúe “evitando cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”.
En línea con lo anterior y de acuerdo con la nueva obligación impuesta a los docentes, cabe destacar que esta medida afecta también al diseño, la impartición y el control de los contenidos educativos y a la programación de actividades como charlas o talleres y elección de libros de texto. Así, la iniciativa busca que la inspección educativa supervise "las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares" en aras de garantizar que se mantienen "ajenos a cualquier tipo de adoctrinaimento o proselitismo político" y asegurar el "respeto al pluralismo y la libertad de conciencia del alumnado y de sus familias". Una enmienda que, entre otras cosas, justifian para garantizar los "derechos derivados de la libertad lingüística".
En líneas similares, en otra enmienda separada Vox solicita que se autorice a la Inspección de Educación para que ejerza su trabajo cuando, a juicio de esta, existan indicios de vulneración de derechos. En ese caso, los inspectores harán suya la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” a través de visitas a los centros escolares. El texto añade, además, que este control se llevará a cabo bajo los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción” y respetando la “presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación”.
Respecto a lo anterior, la extrema derecha en el Gobierno valenciano pretende habilitar un canal de denuncias en el que la Inspección pueda abrir un procedimiento para “determinar la procedencia de actuaciones inspectoras" en un plazo máximo de 10 días, aunque se podrá dar prioridad a los casos que presenten "indicios razonables de posibles incumplimientos normativos".
"Interrupción" estratégica de la huelga
El pasado 10 de junio, y tras un mes de huelga, el profesorado valenciano optaba por la suspensión temporal de la misma y continuar con las protestas. Se trata de una "interrupción estratégica" que permite no hacer huelga pero seguir con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso.
Según apuntaron las organizaciones sindicales, la interrupción se hizo efectiva el pasado 12 de junio. Así se desprende de los datos recabados por la consulta lanzada a los docentes por los sindicatos convocantes STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents (CADPV), CGT, CSO, CNT, COS y Docents en Lluita, en la que votaron un total de 30.238 profesionales.
En concreto, un 67% de los docentes -17.633 personas- eligió interrumpir o desconvocar la huelga. De estos, son mayoría, un 71% (12.526), los que querían suspenderla, es decir, mantenerla convocada para poder reactivarla cuando se decida.
Por su parte, del 33% restante -8.584 docentes- que preferían mantener el paro indefinido, el 90% (7.725) aboga por realizar huelga indefinida con movilizaciones intermitentes o puntuales algunas jornadas, según se acuerde en las asambleas, "similar a lo hecho en los últimos días".
Mientras, solo el 10%, 859 docentes, se mostró partidario a seguir con el formato de huelga todos los días. Además, la encuesta refleja un amplio rechazo (el 87 por ciento, 26.217 docentes en términos absolutos) a aprobar en su totalidad la propuesta de acuerdo de la Conselleria de Educación.
El único punto que obtuvo el 'sí' estos docentes es el de la simplificación burocrática, que aprueban un 82% de profesores (21.520).
El último documento ofertado por la administración recogía las incorporaciones recabadas durante la última mesa de negociación. Entre las nuevas medidas, destacan desde la administración, se contempla la distribución de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado, la priorización de la eliminación de las aulas prefabricadas en los planes de inversión en infraestructuras educativas y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión, entre otras iniciativas. Asimismo, ha adjuntado dos anexos correspondientes a la evolución retributiva 2026-2028 y actuaciones en infraestructuras.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
