El Partido Popular y Vox van virando de un lado a otro en su estrategia para defender al Gobierno de la Generalitat Valenciana de su gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. La estrategia, tanto cuando el Consell lo presidía Carlos Mazón como ahora bajo el mandato de Juanfran Pérez Llorca, era señalar al Gobierno central en todo lo que tiene que ver con las presas que se desbordaron y provocaron las riadas por las que murieron 230 personas en la provincia.
Sin embargo, desde que el PSPV solicitó -en octubre de 2025- en la comisión de Les Corts un informe sobre la presa de Buseo, la única de titularidad autonómica, todo han sido reveses y giros de volante. Primero, PP y Vox la rechazaron, para dos meses después registrar una petición idéntica. La Mesa de la Comisión lo aprobó entonces por unanimidad, pero en un inusual giro de guion que se produjo el pasado 12 de marzo, la Consellería de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, se negó facilitar el informe pedido por las propias derechas.
La oposición se pregunta "qué oculta el Consell con el veto", y señala a Valderrama por ser "el escudo indecente de Mazón, Barrachina, Pérez Llorca y el resto de incompetentes y frívolos que nos llevó a la mayor tragedia en la historia de los valencianos". La portavoz socialista de Emergencias, Alicia Andujar, anuncia que su partido pedirá amparo a la Mesa de las Corts "para que recurra el veto del conseller Valderrama a aportar documentación sobre la única presa que gestiona la Generalitat".
Vox registró la misma propuesta que el PSPV, que habían vetado dos meses antes
La cronología es bastante elocuente. El 17 de septiembre de 2025, el Grupo Socialista registró una propuesta para ampliar el plan de trabajo de la comisión sobre la DANA y reclamar documentación concreta sobre la presa de Buseo, la única presa de titularidad autonómica. Entre los papeles solicitados figuraba el "Informe del Incidente 35834231", emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta a un requerimiento de la jueza de Catarroja, así como otros dos informes del director de explotación de la presa, Pedro Javier Rivas Salvador, remitidos también al juzgado.
Los socialistas pedían también la comparecencia ante la Comisión de Investigación del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat tanto durante la DANA como en la actualidad, Miguel Barrachina. También pedían que respondieran ante el Parlamento regional el ingeniero hidráulico responsable de la presa de Buseo, Alberto Canet Castella, y el director de explotación de la infraestructura, Pedro Javier Rivas Salvador.
El 14 de octubre, PP y Vox utilizaron su mayoría en Les Corts para tumbar aquella petición, cerrando en ese momento la puerta a incorporar esos documentos y esas comparecencias al trabajo parlamentario. La operación, sin embargo, dio un vuelco apenas unas semanas después.
El 5 de diciembre de 2025, Vox registró una nueva petición de ampliación del plan de trabajo. Y ahí reaparecen, uno por uno, los mismos documentos sobre Buseo: el informe del incidente 35834231 y los dos informes firmados por el director de explotación de la presa. También figuran los mismos nombres en el apartado de comparecientes: el conseller Miguel Barrachina, el director de explotación y el ingeniero hidráulico responsable de la presa. Lo que en septiembre no valía cuando lo pedía el PSPV, sí terminó valiendo cuando lo registró Vox, porque esa segunda propuesta fue aprobada por unanimidad a mediados de diciembre.
Y ahora, la Generalitat niega el informe pedido por unanimidad
Sin embargo, la Generalitat se niega a ser transparente, ni siquiera pidiéndolo Vox -copiando al PSPV- ni votando a favor el propio PP en la comisión. En un escrito fechado el 12 de marzo de 2026, la Conselleria de Emergencias e Interior comunicó a Les Corts que no iba a facilitar el “Informe del Incidente 35834231”. El departamento que dirige Juan Carlos Valderrama se ampara en el artículo 53.3 de la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que establece que la información sobre un incidente gestionado por el 112, una vez finalizada la emergencia, solo se facilitará a solicitud de la autoridad judicial. Además, añade que la documentación reclamada “constituye una prueba judicial en el ámbito de un procedimiento penal”.
Para Andújar, esa respuesta es mucho más que un tecnicismo jurídico. La diputada carga con dureza contra el Consell y acusa a Valderrama de obstaculizar el trabajo parlamentario, y les acusa de hacer una interpretación interesada de la ley para impedir que la comisión acceda a un documento fundamental: "Negarse a entregar información es un claro intento de obstrucción de los trabajos para impedir que se conozca la verdad", denuncia Andújar, donde insiste en que la comisión de investigación tiene atribuciones específicas de control parlamentario sobre la administración autonómica. A su juicio, el artículo invocado por la Conselleria no puede utilizarse para vetar a Les Corts un informe sobre la gestión realizada por la propia Generalitat durante la emergencia.
La dirigente socialista también subraya la contradicción de PP y Vox. "La doble moral del Consell de Pérez Llorca: niega un informe sobre la gestión de la presa de Buseo alegando que por ley no puede", sostiene Andújar, que contrapone ese veto con otras filtraciones y maniobras conocidas durante la investigación de la DANA, como el audio de Aemet que se filtró manipulado y que Mazón y el PP difundieron.
Buseo se ha convertido, de hecho, en uno de los puntos más delicados de la investigación. El PSPV recuerda que durante la noche del 29 de octubre de 2024 el agua llegó a desbordar la presa, y que la riada afectó gravemente a municipios aguas abajo como Sot de Chera o Pedralba, donde murieron siete personas. De ahí que Andújar insista en que no se trata de una disputa burocrática más, sino de una cuestión directamente conectada con la verdad de lo ocurrido. “Tenemos que saber por qué no se avisó a los municipios aguas abajo de la presa de Buseo”, reclama la diputada socialista.
