La vicepresidenta valenciana y responsable de Asuntos Sociales, Susana Camarero, ha reconocido este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024 —que dejó 229 fallecidos solo en la provincia de Valencia— que el Consell trató la situación meteorológica extrema a primera hora de la mañana, durante la reunión ordinaria del Ejecutivo autonómico.
Una afirmación que entra directamente en conflicto con la línea argumental mantenida durante semanas por el president Carlos Mazón, que siempre sostuvo que el Gobierno valenciano no dispuso de información relevante ni advertencias suficientes antes del estallido de la tragedia. La propia Camarero, sin embargo, ha señalado que a las 9.00 horas “se trató el tema de las riadas” y que ya entonces “sabía que estábamos en una situación de DANA”.
Preguntada de manera explícita sobre si en esa reunión del 29-O se habló de la alerta roja, Camarero ha evitado detallar contenidos argumentando que las deliberaciones del Consell “son secretas”, pero sí ha confirmado que se abordó que el territorio se encontraba “en una situación de DANA”. Ese reconocimiento invalida, de facto, el argumento de la Presidencia de la Generalitat según el cual no existía constancia de riesgo grave durante la mañana previa al colapso del sistema de emergencias y al desbordamiento del Barranco del Poyo.
La vicepresidenta ha insistido en que “nadie” puede afirmar que el Gobierno valenciano actuó “perfectamente bien”, y ha subrayado que “todos” deben asumir responsabilidades. No obstante, ha repartido la carga hacia la Administración central, afirmando que los ministerios de Interior y Defensa también “tienen lecciones que aprender”.
Trabajo desde primera hora y presencia en el Cecopi
Camarero ha explicado que su conselleria comenzó a trabajar “desde las ocho de la mañana”, atendiendo todas las llamadas de teleasistencia, y que incluso se incorporó al Cecopi —el centro de coordinación de emergencias— a pesar de no tener competencias directas en esta materia. Su objetivo, ha dicho, era conocer “de primera mano” lo que estaba ocurriendo.
Se conectó por vía telemática al Cecopi entre las 17:02 y las 17:40, tras recibir una convocatoria dirigida a su departamento. Posteriormente asistió a un acto de la patronal valenciana, y ha admitido que con la información de que se dispone hoy no habría acudido. Según dijo, intentó cancelar su presencia, aunque “no se podía”. Durante el evento mantuvo contacto permanente por WhatsApp con su equipo y trató de volver a conectarse “reiteradas ocasiones” al Cecopi.
“Poco podía aportar yo allí”, ha explicado, argumentando que la dirección del operativo recaía en la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y en la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Aun así, ha defendido que no abandonó ninguna responsabilidad porque “no fue convocada” formalmente para tomar decisiones operativas.
Críticas al Gobierno central: “Ni Interior ni Defensa estuvieron a la altura”
Durante su intervención, la vicepresidenta ha criticado con dureza la actuación del Gobierno central. Ha sostenido que ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, ni el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, reaccionaron con la rapidez necesaria para desplegar recursos suficientes.
Según Camarero, la UME se activó por la mañana en Utiel y por la noche en otras zonas de Valencia, pero después hubo que solicitar refuerzos “de 500 en 500”. Ha denunciado que “hasta pasadas 92 horas” no se produjo un despliegue masivo del Ejército, y que tampoco se incrementó antes la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil para evitar robos y saqueos. “¿De verdad hay que pedir esa ayuda?”, se ha preguntado.
Además, ha reclamado un marco común estatal sobre cuándo y cómo deben lanzarse las alertas y en qué condiciones deben actuar las comunidades autónomas.
En lo relativo a sus competencias, Camarero ha detallado que a las 09:52 de la mañana del 29-O su conselleria envió un protocolo informativo con recomendaciones a todas las residencias y centros de día. Se llamó a aquellos centros donde existía “riesgo evidente”, se cerraron instalaciones de discapacidad y de menores y se activaron recursos para personas sin hogar.
Ha insistido en que todas las llamadas recibidas en el servicio de teleasistencia fueron atendidas y derivadas al 112 o a las policías locales según cada caso. Treinta y siete personas dependientes conectadas a este servicio fallecieron durante la riada, pero Camarero ha sostenido que el sistema “no colapsó” y cumplió con su función, subrayando que la teleasistencia “no es un servicio de emergencias”.
La vicepresidenta también ha apuntado a la actuación del Ayuntamiento de Picanya, gobernado por el PSPV, al afirmar que “entendía” que la corporación local habría avisado a las viviendas sociales situadas junto al Barranco del Poyo, donde residían personas con movilidad reducida. Además, ha rechazado que el Gobierno valenciano haya realizado recortes en emergencias, asegurando que “algunos grupos están intentando crear un relato que nada tiene que ver con la realidad”.
Finalmente, varios comisionados han preguntado a la compareciente sobre el "jope, sí necesitas algo, nos dices" con el que contestó al mensaje en el que el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, informaba de "barrancos a punto de desbordarse" en Carlet. Ella ha defendido que esa comunicación demuestra que su consellería estaba activada desde el principio y que existe una "diferencia sustancial" entre esa respuesta y el "si necesitan ayuda, que la pidan" que el PP se afana en recriminar al presidente Pedro Sánchez.