Esta semana empezaba la comisión de investigación por las víctimas de la DANA con la ausencia, precisamente, de las víctimas de la tragedia. Como si de la expresión de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, se tratase, Les Corts afrontaron una jornada sin los verdaderos protagonistas.
Pero este no ha sido el único exabrupto que ha ocurrido en el, por el momento, corto transcurso de un escenario que debería servir para esclarecer el oscurantismo que se mantiene ocho meses después y depurar responsabilidades, sino que el calendario para uno de debates más esperados que se recuerda en la región tampoco ha estado exento de polémica.
La comisión de investigación a causa del temporal que se dejó 228 muertes y daños personales y materiales irreparables ha durado un día. Se reanudará, es cierto, pero no lo hará hasta que llegue septiembre y, con él la vuelta de la actividad legislativa.
Es también verdad que habitualmente por estas fechas todos los parlamentos dejan de funcionar con normalidad, y que no dejan de hacerlo hasta que se acaba la época estival, pero en este caso ha sido tomado como una broma, pues las voces críticas tienen claro que hubiera sido preferible empezar directamente de cero dentro de dos meses y no dejar todo este tiempo en el stand by.
La portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, respondía en una réplica que bien podría servir para contestar a las dos cuestiones que han centrado la controversia diciendo que el calendario y la organización de la comisión queda sujeto al seno de Les Corts, por lo que ellos “no opinan ni participan en la distribución y organización de la comisión”.
Sin espacio a los familiares
Los ingenieros que participaron de la primera fecha dejaron claro que el impacto de las inundaciones que golpearon a la provincia de Valencia hubiera sido claramente menor si se hubieran realizado las obras previstas en el barranco del Poyo desde hace 20 años.
La parte de los expertos se centró en el proyecto del barranco cuyo desbordamiento provocó la mayoría de las muertes, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y aprobado en 2011, pero que los gobiernos posteriores nunca llevaron a cabo. Las distinta razones fueron motivo de discusión en el parlamento valenciano.
El diputado de Compromís Jesus Pla advirtió que los ingenieros no iban a decir nada que no hubieran dicho ya y que quienes faltaban en la comisión eran los familiares. En la misma línea se pronunció José Muñoz, quien lamentaba asimismo la tardanza en activar la comisión, una cuestión que ocurre, a su juicio, por “intentar ganar tiempo”.
Las formaciones de la oposición pusieron en duda el nivel de especialidad de algunos de los comparecientes y aseguraron que la formación conservadora y ultraderechista emplearan la comisión para “intentar decir que todo lo que ocurrió fue por la falta de infraestructuras”.
Dos de los cuatro convocados ya tenían experiencia porque habían participado en la comisión de la DANA en el Senado, donde también existe una mayoría de la derecha. Se trata de Javier Machí, decano de la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana y el arquitecto urbanista Julio Gómez-Perreta.
Llama la atención que el mando de la gestión de la emergencia le correspondiera a la Generalitat, y que pese a ello haya sido la última en poner en marcha la comisión, a la espera de que haga lo propio el Congreso.
‘Modus operandi’ habitual
No es la primera vez que la comisión de la DANA se celebra ‘a medida’ por parte de los ‘populares’. Ya en la que tuvo lugar en la ciudad, en el mes de enero, PP y Vox emplearon todas las herramientas a su alcance para salir ilesos, aunque en la práctica las jornadas sirvieron para esclarecer alguna cuestión, no las suficientes para que se haga justicia como reclaman las víctimas.
La oposición puso pie en pared sobre lo que no dudó en calificar como una “farsa”, de ahí que el PSOE valenciano y Compromís declinaran participar. Fuentes socialistas explicaban entonces a ElPlural.com que, además de la falta de comparecencias, todo era “muy cerrado” al no permitirse las preguntas. Asimismo, recordaron que el jefe de Bomberos “confirmó que el PP no tomó ninguna medida preventiva” y que el partido “ha tenido acceso a información que revela que María José Catalá no tomó ninguna medida para ayudar a las personas afectadas”.
“Han intentado que no haya una comisión de investigación, sino que se hable solo de lo que tiene que pasar a partir de ahora y no de lo que sucedió el 29 de octubre (…) Cuando vetan todas las comparecencias, las de Salomé Pradas (exconsellera de Justicia) y las suyas es porque tienen algo que esconder”, exponían.
Compromís acusó por aquel entonces que la alcaldesa del Consistorio, lejos de utilizar la comisión para dar explicaciones o asumir una mínima responsabilidad, la empleó “para hacerse la foto”. El grupo parlamentario aseguraba que iban a seguir “exigiendo responsabilidades desde los tribunales”, ya que es el “único espacio que nos dejan para esclarecer todo lo que ha pasado”.
