El debate por la prohibición del burka ha regresado esta semana a Cataluña con motivo de la ordenanza presentada el pasado martes por el Ayuntamiento de Lleida, una propuesta que, si bien no menciona directamente dicha prenda, sí que restringe el uso de cualquier vestimenta que oculte el rostro en los espacios públicos. Esto incluiría tanto este tipo de velo islámico como el niqab y es por ello que la iniciativa ha suscitado polémica. Más teniendo en cuenta que el gobierno municipal es del PSC, formación que hasta el momento ha expresado una postura contraria a poner este tema en el centro de la discusión política. De hecho, el presidente de la Generalitat y primer secretario de partido, Salvador Illa, señaló en febrero que él no había visto ninguna mujer con ninguna de estas piezas por la calle y que creía que los catalanes tenían otras prioridades.
Este mismo miércoles, al ser preguntado por la nueva ordenanza de Lleida, Illa ha sostenido que nunca ha visto ningún burka en el municipio y que prefiere no entrar en un debate sobre este asunto “para combatir marcos de discursos de odio”, aunque ha defendido que en la propuesta del Consistorio del PSC “no hay una actitud racista ni en contra de determinados símbolos”. Por lo tanto, desde el Govern se ha optado por no confrontar la medida y diferenciarla de las iniciativas para prohibir esta prenda presentadas por otros partidos en otras instituciones, como es el caso de la moción presentada por el PP en el Parlament de Cataluña, a la cual el grupo socialista votó en contra. Sin embargo, como ha podido comprobar ElPlural.cat, el tema despierta cierto nerviosismo dentro de la formación.
Todas las fuentes consultadas por el diario evitan dar declaraciones al respecto a la espera de que en el partido se acuerde una posición oficial, la cual se prevé que se discuta en la reunión de la comisión ejecutiva del PSC del próximo lunes. Lo que parece claro es que dentro del PSC la ordenanza ha abierto un debate interno sobre esta medida, que se pretende llevar a cabo con cierta urgencia.
El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, defiende que se trata de una medida para proteger a las mujeres
Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha apuntado que la prohibición del burka tiene como objetivo “proteger a las mujeres” y defender sus derechos fundamentales, remarcando que desde el Ayuntamiento creen que quienes llevan esta vestimenta “lo hacen de forma obligada” y no por respeto” y que consideran que la “vestimenta que se utiliza no tiene nada que ver con los derechos religiosos”. “La posición del gobierno municipal es que el burka y otras vestimentas humillan a las mujeres”, ha declarado
Además, Larrosa aseguró en la presentación de la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia que esta supone un paso más para “continuar avanzando en una Lleida amable, abierta, cohesionada y respetuosa” y ha reivindicado que “convivir significa tener derechos y también deberes”. Dicha iniciativa contempla sanciones para distintos tipos de infracciones cometidas en el espacio público más allá del uso de cualquier prenda que cubra el rostro, entre las cuales se encuentran otras como orinar en la calle y también conductas racistas, xenófobas, homófobas y machistas, como la demanda de servicios sexuales.
Lo que dice la ordenanza sobre el uso del burka u otras prendas que cubran el rostro
En concreto, es en el artículo 12 en el que se dice que “con igual fundamento de garantizar la interacción social en los términos habituales y propios de una sociedad libre y democrática, queda prohibido llevar cualquier pieza de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos”. Se mencionan como excepciones los lugares de culto, los sitios en los que lo habitual en función de las costumbres sociales sea llevar la cara tapada y los momentos en los que se utilicen este tipo de prendas en función de un derecho fundamental.
En cuanto a las sanciones por vestir una prenda que oculte el rostro, estas oscilarán entre los 400 y los 750 euros. Si un agente de la Guardia Urbana de Lleida detecta dicha infracción, hará una advertencia a quien la esté cometiendo, la cual podrá derivar en un expediente sancionador. Entonces, será el juez instructor quien determine si la situación corresponde a un incumplimiento de la ordenanza. En caso de que una persona infrinja la restricción en tres o más ocasiones en el plazo de un año, se enfrentará a una multa de entre 751 y 1.500 euros.
El Plan de Acciones Socioeducativas para acompañar a las mujeres musulmanas
Desde el Ayuntamiento de Lleida se ha dejado claro que, a diferencia de otras propuestas (como puede ser la que Vox presentó en el Congreso de los Diputados), este punto de la ordenanza no surge por una cuestión de seguridad ni de convivencias, sino de defensa de los derechos de las mujeres. Por esta razón, el Consistorio prepara un Plan de Acciones Socioeducativas que tiene como objetivo promover la participación social y la plena autonomía de las mujeres musulmanas.
Entre las medidas que ultima el gobierno municipal se encuentra un servicio de acompañamiento para las mujeres que busquen abordar su situación tanto personal como familiar o social desde la perspectiva de género. Asimismo, se prevé la creación de cursos para que puedan aprender catalán y castellano, así como ofrecerles orientación en el ámbito laboral.
Una medida que ya se llevó a cabo en Lleida, pero que fue tumbada por el Supremo
La prohibición del burka en la vía pública no es una cuestión nueva en Lleida. En el año 2010, el Ayuntamiento, entonces gobernado por el también socialista Àngel Ros, ya restringió su uso tras aprobar una ordenanza nacida de una moción de Convergència i Unió (CiU). Sin embargo, en 2011 la asociación Watani para la Libertad y la Justicia presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC), que suspendió de manera cautelar su aplicación.
Unos meses más tarde, el TSJC avaló la ordenanza alegando que el gobierno municipal contaba con las competencias para prohibir el uso del burka y que la libertad de culto está limitada por el orden público. Fue el Tribunal Supremo (TS) el órgano jurisdiccional que, en marzo de 2013, tumbó la medida, argumentando que el Consistorio no tenía la potestad para imponer dicha restricción y que esta podía conllevar el encierro de algunas mujeres en sus hogares.
La extrema derecha catalana no pierde la oportunidad de entrar en el debate
Como era de esperar, el debate sobre la prohibición del burka en Lleida no se ha quedado en el seno del PSC y la extrema derecha catalana no ha dudado en entrar en él. Tanto Aliança Catalana como Vox se han manifestado al respecto. El portavoz de este último en el Parlament de Cataluña, Joan Garriga, ha acusado a los socialistas de estar intentando “adoptar medidas que continúan rechazando tanto en el Parlament como en el Congreso” con motivo de las elecciones municipales de mayo de 2027 y del supuesto avance de su formación. “Tarde, mal y con hipocresía”, ha expresado en una publicación en la red social X.
A través de la misma plataforma, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha aprovechado la ocasión para compartir una publicación en la que ha afirmado no entender que haya partidos que defiendan el Islam y el velo islámico. Según la alcaldesa de Ripoll, esta prenda es un “símbolo discriminativo y de segregación, de señalamiento de la mujer como fuente del pecado y de provocación hacia el hombre”. “Necesitamos impedir que el Islam siga avanzando en nuestro país”, ha indicado.
