Tres semanas después de que el Congreso de los Diputados rechazase la proposición de ley para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos presentada por Vox y apoyada por el Partido Popular, el grupo del PP en el Parlament de Cataluña llevará esta restricción al pleno que se celebrará esta semana en la Cámara catalana. Lo hará a través de una moción “sobre la integración de la inmigración”, en la que, entre otras medidas, insta al Govern a llevar a cabo “las reformas legales oportunas” para impedir el uso de dichos velos islámicos. En el texto, los populares también reclaman a la Generalitat que exija al Gobierno abandonar el proceso de regularización de personas migrantes.
Concretamente, el PP solicita la prohibición del “uso del burka, el niqab o cualquier otra indumentaria que oculte totalmente el rostro en la vía pública, espacios y edificios públicos, centros educativos y sanitarios y equipamientos sociales”, pidiendo, por lo tanto, impedir que cualquier mujer que vista una de estas prendas pueda acceder a servicios como la sanidad o la educación. Una propuesta que, según el texto, se hace “por motivos de seguridad, identificación personal, dignidad de la mujer y convivencia”.
En cuanto a la legalización de personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular, el Partido Popular solicita al Govern que rechace “cualquier tipo de proceso de regularización masiva y generalizada que no cuente con un control exhaustivo individualizado, caso por caso y con plenas garantías legales”. En este sentido, en el texto el PP catalán expresa su oposición a la regularización extraordinaria del Gobierno y, además, exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez “recuperar en España el control de sus fronteras para decidir quién entra, para qué y en qué condiciones”.
El PP reclama endurecer los requisitos de residencia y los supuestos de expulsión
Otra de las medidas que los populares instan al Govern de Salvador Illa a reclamar al Estado se trata de la creación de “un nuevo sistema de visado por puntos como forma de acceder al permiso de residencia en España”, en el que se evalúen distintos aspectos como el nivel formativo, la experiencia o el idioma para decidir si se permite a una persona migrante vivir en el país. Igualmente, piden que se exija como requisito previo para obtener la nacionalidad “una integración real y verificable” y que se impida que se conceda a los inmigrantes con cualquier tipo de antecedente penal.
Asimismo, el grupo parlamentario liderado por Alejandro Fernández aboga por endurecer a nivel estatal los supuestos de expulsión de las personas migrantes, de manera que la reincidencia delictiva conlleve la deportación. Con la moción, la formación también reclama que el Gobierno agilice “los mecanismos y la tramitación de expedientes de devolución de extranjeros en situación irregular o implicados en actividades criminales”.
La moción reclama al Govern abandonar “cualquier discurso público orientado a normalizar la presencia de inmigración irregular”
Respecto a los reclamos de la moción dirigidos a la Generalitat, el PP pide al Govern que abandone “cualquier discurso público orientado a normalizar la presencia en Cataluña de inmigración irregular”. De la misma manera, los populares piden que se defienda “la cultura, la identidad y la forma de vida propias”, a las que califica de “elementos irrenunciables de cohesión social”.
Entre los puntos recogidos en el texto, los populares también piden al Ejecutivo catalán que lleve a cabo planes de choque en los barrios que aseguran que se encuentran “más degradados por la presión de la inmigración irregular”, que incluyan “medidas contundentes en materia de seguridad”, como la presencia de agentes policiales de forma permanente o el refuerzo de la lucha contra la ocupación. Otras actuaciones que solicitan que se incluyan en estos planes son la “recuperación del espacio público” y “la protección del comercio de proximidad”.
Además, el Partido Popular de Cataluña insta al Govern a requerir, aparte del empadronamiento, el permiso de residencia para acceder a cualquiera de las ayudas o subsidios públicos de la Administración autonómica. En esta línea, también pide que sea necesario haber residido de forma regularizada en el país durante al menos diez años para poder solicitar tanto las subvenciones en materia habitacional como el acceso a una vivienda de protección oficial.
