Junts exportará este martes al Pleno del Congreso su ley para prohibir el burka y transferir a Cataluña las competencias en inmigración, en un intento de estatalizar su batalla con Aliança Catalana por el votante ultraconservador en el espectro del independentismo catalán. Así lo desprende el orden del día parlamentario, que recoge un texto de los neoconvergentes protagonizado por un único artículo: la petición para que quede prohibida la utilización en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran "total o sustancialmente" el rostro e impidan la identificación de la persona. La norma menciona expresamente el niqab y el burka, aunque se formula de manera general para cualquier elemento que oculte la cara y también señala que, en todo caso, cuando resulte necesario para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado, "en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación".
Aunque la iniciativa no recoge sanciones, contempla excepciones para casos de salud "debidamente acreditados", exigencias laborales o de prevención de riesgos, actividades culturales o festivas o tradicionales, "cuando no concurra riesgo para la seguridad pública". En la exposición de motivos, Junts argumenta, además, que determinadas prendas que cubren íntegramente el rostro pueden actuar como un "instrumento de invisibilización de la mujer" en el espacio público y proyectar un mensaje "incompatible" con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, sostiene que la identificación personal es un "elemento básico para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y para la garantía de la seguridad ciudadana". Los posconvergentes también subraya que la ley no se dirige contra ninguna confesión religiosa concreta y que parte del reconocimiento de la libertad de culto, aunque recuerdan que "ningún derecho es absoluto y debe ejercerse en armonía con otros bienes protegidos como la igualdad, la dignidad humana y la seguridad".
"Éticamente incoherente" y las competencias en inmigración
El partido catalanista considera que "resulta éticamente incoherente que sociedades democráticas expresen solidaridad con mujeres que, en otros países, se juegan la vida para 'desvelarse' y reclamar su derecho a existir como ciudadanas plenas, y que simultáneamente legitimen, en el propio espacio público, símbolos de ocultación integral presentándolos como mera 'diversidad'".
Aparte de la prohibición de los velos, la proposición de Junts incluye una disposición adicional para que el Gobierno central formalice la delegación a la Generalitat de Cataluña de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas. En concreto, la ley insta al Ejecutivo a transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, ejercer funciones de control fronterizo, entre las que se incluyen la ejecución de la normativa sobre devolución de personas extranjeras, y emitir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana. Los de Puigdemont fundamentan esta delegación en el artículo 150.2 de la Constitución y la vincula a la necesidad de dotar a Cataluña de un marco competencial en materia de seguridad.
El fantasma de la moción de censura
También en clave parlamentaria, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a pactar con Junts y con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) si las formaciones le aseguran su apoyo en una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente ‘popular’ ha intentado reactivar, de esta forma, esta herramienta parlamentaria para sacar al socialista de la Moncloa, con la que ya ha amenazado en varias ocasiones, pero que nunca ha llegado a materializarse.
A pesar de que el gallego acostumbra a distanciarse mucho del partido de Carles Puigdemont, ahora, a vista de la oportunidad, ha vuelto a ofrecerse a él y a los nacionalistas vascos para sumar sus votos y que puedan precipitar la salida del presidente electo de La Moncloa antes de las elecciones del año que viene, para las que el PP sigue partiendo como favorito, aunque cada vez con un margen menos holgado, según los sondeos recientes. El responsable del principal partido de la oposición sabe que una derrota de este calibre le debilitaría mucho y, si bien todo apunta a que el Jefe del Ejecutivo aguantará al menos hasta 2027 en el cargo, Feijóo vuelve a poner sobre la mesa esta opción, de la que reniega si no cuenta con los apoyos suficientes.
El principal contrincante de Sánchez ha intentado justificar el nuevo acercamiento a los nacionalismos señalando que el propósito no sería el de gobernar con ninguna de las formaciones, sino que la moción sirviera de puente para la convocatoria electoral. Así lo dijo en una entrevista con Servimedia en la que el presidente del PP puntualizó que la moción “la plantearía para convocar elecciones” y “no haría como Sánchez”, sino que "las convocaría". "Yo no tengo ningún inconveniente en pactar una fecha porque estamos ante un supuesto clarísimo de convocatoria electoral", señalaba, haciendo lo que para él es una distinción con la forma de actuar del secretario general de los socialistas. Así las cosas, Feijóo se apoya en que el Gobierno no ha aprobado ni presentado presupuestos para defender su acercamiento a posturas que históricamente ha despreciado, criticando cualquier acuerdo que el Ejecutivo de coalición haya planteado o llevado a cabo.
