[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"36521","attributes":{"class":"media-image size-full wp-image-145134","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"640","height":"426","alt":"De d a i) El secretario general de CDC, Oriol Pujol; el presidente de la Generalitat de Catalu\u00f1a en funciones, Artur Mas; el vicepresidente primero del Parlament en funciones, Llu\u00eds Corominas; y el portavoz del Govern en funciones, Francesc Homs, durante la primera reuni\u00f3n del Comit\u00e9 Ejecutivo Nacional de CDC. EFE\/Archivo"}}]] De d a i) El secretario general de CDC, Oriol Pujol; el presidente de la Generalitat de Cataluña en funciones, Artur Mas; el vicepresidente primero del Parlament en funciones, Lluís Corominas; y el portavoz del Govern en funciones, Francesc Homs, durante la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional de CDC. EFE/Archivo





El Mundo le da a Convergència donde más le duele, en su argumentario patriótico y nacionalista, al acusar a uno de sus líderes de ayudar a las citadas multinacionales a salir de Cataluña. Según refiere el diario, Oriol Pujol, su esposa, Anna Vidal, y su íntimo amigo Sergio Alsina, presidente de Alta Partners, recibieron al menos cinco millones de euros de comisión por limpiar el camino burocrático a esas empresas.

Pujol y su mujer cobraban por servicios ficticios
Según El Mundo, la investigación ordenada por la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, cree que Oriol Pujol y Anna Vidal se llevaban su parte de las comisiones facturando cantidades millonarias a Alta Partners por la prestación de servicios ficticios.

Los compradores
La trama se encargaba, además, de buscar compradores para las plantas abandonas, que se hicieran cato del activo y pasivo de las referidas compañías. Fuentes de la investigación del caso de las ITV, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, han desvelado que la comisión recibida por la empresa Alta Partners Investments, en la que Alsina es presidente y Anna Vidal consejera, fue de 2,8 millones en el caso de la multinacional de la electrónica Sony y dos en el de Sharp. No hay información sobre la comisión pagada por Yamaha, pero se supone que fuera similar al de las otras dos compañías.

Un entramado que afecta a cargos de la Generalitat
El Mundo cita a “investigadores” del caso que afirman que “Alta Partners era la encargada de negociar el proceso para garantizar la aprobación del proyecto por parte de la Generalitat, ya sea la venta de la empresa a un tercero o el ERE en su caso”.

La trama que habría liderado Oriol Pujol contaba con la complicidad de altos cargos de la Generalitat, como Xavier Mena, consejero de Empresa del Gobierno de Artur Mas, y Germà Gordó, secretario de Gobierno de la Generalitat. También de David Madí y Francesc Homs, quien es uno de los políticos de máxima confianza de Artur Mas. Sin olvidar a Joan Sureda, director general de Industria; Josep Canós, director general de Energía; y Ramón Bonastre, de Relaciones Laborales.