Si usted quiere construir nuevas viviendas, abrir una pequeña empresa o negocio, o impulsar alguna actividad económica, una de las quejas más frecuentes hasta ahora ha sido la de implementar diversos permisos y procesos administrativos que ralentizan la puesta en marcha de la actividad en cuestión. Esto ha sido así... hasta ahora...
Porque resolver esta cuestión es el objetivo de la nueva ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental que ha impulsado el Gobierno del presidente Salvador Illa. Una ley que tiene el objetivo de quitar burocracia a los procesos administrativos que son necesarios para poder construir nuevas viviendas o generar empresas y actividades económicas que creen nuevos puestos de trabajo y riqueza para el país.
Se ha hecho un esfuerzo realmente muy importante para reducir los tiempos para poder tener nuevas licencias de obras. El objetivo es rebajar estos tiempos de espera desde los nueve a doce meses actuales hasta un plazo de solo un mes. Esta modalidad exprés, además, se aplicará prioritariamente al plan establecido por el Gobierno de la Generalitat para construir 50.000 nuevas viviendas protegidas en Cataluña en los próximos años.
Asimismo, el proyecto de ley prevé que la tramitación de los planeamientos urbanísticos pase de la media actual de 24 meses hasta un período máximo de entre seis y ocho meses. En el mismo sentido, la iniciativa del Gobierno prevé modificar una quincena de normativas vigentes con la intención de conseguir una administración más eficiente, ágil y rápida.
Quiero poner de relieve que este esfuerzo para ganar tiempo y reducir trámites burocráticos no se consigue poniendo en peligro los necesarios mecanismos reguladores y garantías jurídicas propios de una democracia. Al contrario, estas garantías —que evitan abusos y arbitrariedades— se mantienen y se refuerzan.
Miren, una de las principales preocupaciones de los catalanes y catalanas es la dificultad para acceder a una vivienda para poder vivir con dignidad. Otra gran preocupación es el repunte al alza de la inflación y la necesidad de que esta vaya acompañada de un aumento de los salarios de los trabajadores.
La lucha política para mejorar el acceso a una vivienda y crear nuevos puestos de trabajo y actividad económica tiene diversas vertientes. Una es esta, la que ahora estamos afrontando, reducir tiempos de espera, agilizando los trámites burocráticos y haciendo todo lo que está en nuestras manos para acelerar la construcción de estas nuevas 50.000 viviendas de protección oficial.
Esta es la esencia del Gobierno para todos del presidente Salvador Illa. Trabajar sin descanso, desde el sentido de la realidad, para que los catalanes y las catalanas podamos tener empleo, salarios dignos y trabajos de calidad. No tenemos soluciones mágicas pero sí la determinación de aprovechar todos los ladrillos necesarios para construir la casa del bienestar y convertir Cataluña en una de las sociedades con un mayor nivel de calidad de vida de Europa.
Y este empeño permanente tiene muchas variables. Una, la estamos viendo estos días, es el viaje del presidente a Vietnam para abrir el mercado emergente del sudeste asiático a las empresas y productos catalanes. Otro elemento muy destacado son los presupuestos de casi 50.000 millones de euros que acaba de aprobar el Parlamento y que nos permitirán mejorar los servicios sociales en la línea que nos demanda la ciudadanía. Y, en el mismo sentido, presentamos ahora este proyecto de ley que pone manos a la obra para resolver un problema enquistado desde hace años.
Seguiremos trabajando por este camino, sabiendo que al hacerlo estamos sirviendo al pueblo de Cataluña. A todo el pueblo de Cataluña, sin exclusiones.
Ivana Martínez, diputada del PSC en el Parlament por Tarragona
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