La Generalitat de Cataluña aprobará en el próximo mes de mayo un decreto ley para adaptar el urbanismo a la realidad rural del conjunto del territorio catalán. En concreto, se trata de una reforma normativa con el objetivo de adaptar las políticas en materia de vivienda aplicadas en las localidades menos pobladas a sus necesidades, lo que incluye también los procedimientos administrativos, posibilitando la agilización de la construcción de viviendas en ellas. Esta nueva iniciativa ha sido anunciada por la consellera de Territorio y Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, en la que ha explicado que el Ejecutivo catalán ha cerrado esta medida después de que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, se haya reunido con diversas entidades municipalistas.
En el encuentro en la Sala Tàpies del Palau de la Generalitat también han participado el secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana del Govern, Víctor Puga, y el de Gobiernos Locales, Xavier Amor. Por su parte, el mundo local ha sido representado por la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació de Municipis de Catalunya y Eines de Repoblament Rural. Justamente, esta última solicitó el pasado sábado en un acto con alrededor de 70 alcaldes catalanes celebrado en Puigverd d’Agramunt (Lleida) una reforma profunda de la Ley de Urbanismo para adaptarla a las zonas más despobladas. Una petición que ya ha obtenido respuesta por parte del Govern, el cual, según la consellera Paneque, ya llevaba meses trabajando en una medida en este aspecto.
El POUM Rurral, una nueva herramienta que agilizará los trámites urbanísticos en municipios de menos de 2.000 habitantes
La titular del Departamento de Territorio y Vivienda ha detallado que con este nuevo decreto ley se pasará de un único instrumento de planeamiento, como es el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), a tres mecanismos, incorporando el POUM Rural. Una herramienta para las localidades de menos de 2.000 habitantes que permitirá una mayor agilidad en la elaboración de informes y la realización de tramitaciones urbanísticas, especialmente de las vinculadas a evaluaciones tanto ambientales como documentales. Por lo tanto, acelerará la edificación de nuevos inmuebles en estos municipios.
Asimismo, el nuevo decreto ley contempla facilitar la rehabilitación de casas rurales o de masías. Dos tipos de edificaciones con una gran presencia en el territorio catalán y que, como ha señalado Paneque, en algunos lugares se están viendo “abocadas a convertirse en escombros” debido a las dificultades urbanísticas y a la complicación de que se admita su uso residencial.
La portavoz del Govern ha defendido la importancia del nuevo decreto ley, remarcando que no se puede “exigir el mismo nivel de planeamiento y de gestión a un municipio de 2.000 habitantes que a una gran ciudad del Área Metropolitana”. “Tenemos que adaptar los procedimientos administrativos, pero la respuesta no puede ser la misma en toda Cataluña”, ha reivindicado. Además, Paneque indica que el nuevo decreto ley también tiene como objetivo “facilitar tanto el acceso a la vivienda como la actividad económica”.
Paneque se muestra predispuesta a la creación de la Dirección General de Disciplina de Vivienda propuesta por los Comuns
Por otro lado, también en el ámbito habitacional, Paneque se ha mostrado predispuesta a crear una Dirección General de Disciplina de Vivienda que se encargue de aplicar las sanciones por el incumplimiento de la ley en alquileres, incorporando a los inspectores de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) dedicados a dicha actuación, como han reclamado los Comuns. La consellera ha asegurado que en el Govern “ven con buenos ojos” la creación de dicho organismo.
En este sentido, la portavoz del Govern ha apuntado que desde el Ejecutivo catalán creen que la Dirección General de Disciplina de Vivienda “es una buena propuesta” y que se enmarca en necesidades con las que Cataluña no contaba hasta ahora, pero que tiene en estos momentos. Igualmente, ha destacado que esta iniciativa “puede aligerar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que debe estar centrada en la gestión del parque público”.
De la misma manera, Paneque ha destacado que la AHC ya ha incorporado los 100 inspectores pactados con los Comuns en el pasado mes de septiembre para garantizar que se sanciona a los propietarios que cometen fraude de ley en el alquiler. De constituirse, la nueva dirección general se encargaría de gestionar su trabajo, así como la tramitación de expedientes sancionadores.
