La Fiscalía cree haber demostrado que el Palau de la Música era la cañería por la que el dinero de Ferrovial llegaba hasta CDC; sin embargo, solamente ha podido acreditar la implicación del tesorero del partido. “Él solo es el gatillo”, apunto Sánchez-Ulled en su segunda entrega del informe final.

En la primera sesión de presentación del informe, el ministerio fiscal describió el paisaje socio político que explicaría la facilidad con la que el dinero del Palau de la Música fue a parar a los bolsillos de Félix Millet y Jordi Montull. En la segunda parte, detalló el mecanismo ideado “para robar y financiar un partido político”, a partir “de un esquema mental, una forma de pensar que identifica a CDC con la Generalitat”. Emilio Sánchez-Ulled no tiene dudas de adónde fue a parar la parte del león de los 11 millones de euros que Ferrovial ingresó en la Fundación del Palau en concepto de patrocinio durante los 10 años investigados: a Convergencia.

El fiscal del Palau: “La bandera justificaba cualquier atropello a la cartera”

“El Palau de la Música era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a la formación política” en concepto de comisión por obras adjudicadas, aprovechando el “tinglado y conglomerado criminal” creado por Millet y Montull. Según afirmó la fiscalía, las trituradoras del Palau trabajaron a destajo, sin embargo, algunos de los documentos hallados facilitaron mucho la comprensión del modus operandi.

Especialmente, una hoja de cálculo que no puede ser más detallada y explícita, una vez Gemma Montull aclaró a quien correspondía cada columna de salida. La de entrada era inequívoca: “cobros a Ferrovial”. Las siguientes columnas distribuían las diferentes cantidades ingresadas para el supuesto patrocinio cultural. “Pagos a Daniel” era el porcentaje correspondiente a Daniel Osácar, el tesorero de CDC para el que se piden 8 años de prisión; “cobro GPO” era la comisión correspondiente a Millet y Montull por las molestias y finalmente “fundación” era lo que quedaba para la Trias Fargas, a la que el dinero llegaba blanqueado a través de convenios.

Estos convenios firmados entre el Palau y la fundación de CDC tenían por supuesto objetivo la promoción de la música catalana en las fiestas mayores de las localidades gobernadas por los convergentes. La excusa de un encargo del Palau para que la Trias Fargas programara sardanas en lugar de sevillanas le pareció al fiscal “insultante, no solo es mentida, es el reflejo de un mecanismo étnico-mental”.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled - EFE

Según el dibujo presentado por el ministerio fiscal, la financiación ilegal de CDC administrada por Millet se obtenía por diferentes vías. Así parece atestiguarlo los listados, hojas de cálculo y la correspondencia de éste con Pere Buenaventura de Ferrovial y con los dos tesoreros del partido implicados, Carles Torrent y Daniel Osácar, finalmente los destinatarios de “abultados sobres”. De otra manera que no fuera el seguimiento del 4% correspondiente a la comisión, no se explicaría el interés de Millet por la adjudicación a Ferrovial de un pabellón deportivo en Sant Cugat, ni las cartas encontradas en los despachos del Palau intermediando entre constructora y partido. Esto escribió en una de ellas: “Amigo Carles (por Torrent, el tesorero de CDC ya fallecido), solicito tu ayuda para que se adjudique alguna obra a Agroman-Ferrovial”.

Sánchez-Ulled no dejó de mencionar en su alegato final su sospecha sobre la necesaria participación de otros responsables políticos del partido en el entramado de financiación ilegal. “El tesorero solo, no pudo organizar todo esto; él es solo el gatillo”, afirmó, aunque no ha podido acreditar quien o quienes conformaban el resto de la pistola.

Se limitó a comentar la existencia de una reunión, celebrada el 11 de abril de 2005, a la que asistieron Germà Gordó, entonces gerente de la fundación Trias Fargas, el diputado Jaume Camps, que en su día fue citado como testigo, y Millet y Montull. No pasó de aquí, pero no desaprovechó la ocasión de citar por su nombre a Gordó, actualmente diputado de Junts pel Si y pendiente de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a la petición del juez de El Vendrell que instruye la causa del 3% para poder investigar al supuesto “conseguidor” de CDC.