La ley de amnistía, el antes y el después

Hace unos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la ley de amnistía al considerar que se trata de una norma que busca “reducir las tensiones institucionales y políticas” y “facilitar un escenario de reconciliación”. La sentencia del TJUE llega casi tres años después de las elecciones generales del 23-J, precisamente los comicios que desembocaron en el escenario actual. En algunos debates sigue planeando la pregunta de si la amnistía fue fruto únicamente de una coyuntura parlamentaria o si, por el contrario, respondía también a una visión a medio y largo plazo.

Siempre he pensado que fue una combinación de ambos factores y que el éxito o el fracaso de aquella iniciativa vendría determinado, además de por las resoluciones judiciales, por los resultados de las siguientes elecciones al Parlament. Entonces, como es sabido, Salvador Illa logró romper la hegemonía independentista en la cámara catalana y convertirse en el primer presidente no nacionalista de la Generalitat en casi quince años. Lo que estaba en juego, dicho de otro modo, era si la ciudadanía catalana respaldaba la agenda de desinflamación impulsada por el Gobierno de España, de la que, sin embargo, se alejaba parte del contenido del acuerdo de Bruselas suscrito con Junts, o si veía en la ley de amnistía un nuevo peldaño simbólico hacia la independencia.

Sin Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central, el líder del PSC difícilmente habría conseguido desbancar al secesionismo del poder en Cataluña, sobre todo porque el contexto habría sido muy diferente: un eventual gobierno de Feijóo y Abascal habría proporcionado la munición necesaria para reactivar un movimiento político, el independentista, que en aquel momento atravesaba horas bajas. Basta recordar que el PP y Vox, que se habían hecho con el control de buena parte de las grandes ciudades españolas y de las comunidades autónomas en las elecciones de mayo de 2023, se quedaron a las puertas de La Moncloa, un hecho que radicalizó todavía más un estilo de oposición marcado más por el ruido que por las ideas y las propuestas alternativas.

¿Cuál era el objetivo? Deslegitimar al Gobierno de España por el hecho de que el PSOE había quedado en segundo lugar y porque buena parte de los partidos que respaldaron la investidura de Sánchez eran nacionalistas o independentistas. Las sucesivas manifestaciones de la derecha y la extrema derecha en Madrid contra el Ejecutivo progresista, amplificadas por sus altavoces mediáticos, mostraron la impotencia de un espacio político que tiene una concepción patrimonialista del poder y, al mismo tiempo, evidenciaron una importante carencia de Feijóo: la ausencia de un proyecto alternativo de país. Es decir, la ciudadanía sabe que al líder de la oposición no le gusta nada Pedro Sánchez, pero desconoce qué haría si gobernara España. Esa es la gran pregunta y, probablemente, empezará a responderse a partir de la acción de los presidentes autonómicos de los territorios donde los populares comparten gobierno con la ultraderecha (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía).

Resulta evidente, por otra parte, que los esfuerzos del Gobierno central por desjudicializar la política no han sido correspondidos por Junts, que, en cuanto ha tenido ocasión, no ha tenido ningún inconveniente en sumar sus votos a los del PP y Vox para torpedear la acción del Ejecutivo. No se trataba tanto de que los posconvergentes compartieran o rechazaran el contenido de las iniciativas debatidas en el Congreso, sino de la voluntad de Puigdemont de mostrar al conjunto de la sociedad española que él, militante independentista, era quien tenía la llave de la gobernabilidad española. Todo ello, sin embargo, con una clara perjudicada: la ciudadanía que más necesita la acción de los poderes públicos. Por eso, es probable que uno de los errores estratégicos del PSOE al inicio de la legislatura fuera no vincular la amnistía a la aprobación de unos presupuestos estatales. La situación ahora sería otra.

Asimismo, conviene recordar que en muchas zonas de España la ley de amnistía despertó inicialmente numerosas dudas y recelos. Desde Junts, en este sentido, en lugar de rebajar la tensión social y recordar cuál habría sido la situación judicial de los líderes independentistas en caso de un gobierno (ultra)conservador, prefirieron mantener la intransigencia y la confrontación que tan buenos réditos les había proporcionado durante el procés. Lo que no esperaban, sin embargo, era que les saldría un competidor por su derecha que pondría en riesgo su espacio electoral. Aliança Catalana, sin ir más lejos, ha crecido, entre otras razones, por la falta de acción política de la formación de Puigdemont y Turull. Y, lo que es aún peor, cuando han formulado alguna propuesta en materias sensibles ha sido para ir a remolque del partido de Sílvia Orriols.

Las elecciones generales del próximo año serán el mejor termómetro para comprobar hacia dónde se dirige España. Si el PP y Vox obtienen más de 176 escaños en el Congreso, es previsible anticipar lo que puede suceder. Si, por el contrario, Pedro Sánchez consigue articular una nueva mayoría parlamentaria, será necesaria mucha más generosidad y altura de miras por parte de todos los actores si se quiere avanzar en la agenda social y en una idea fraternal de España.