La conselleria de Salud de Cataluña ha defendido “la legalidad” de los contratos firmados por el Servivio Catalán de Salud (CatSalut) después de que se revelara este miércoles que el director de ese organismo, Josep Maria Padrosa, compatibilice su cargo con su condición de apoderado en seis empresas sanitarias privadas que facturaron al CatSalut 14 millones de euros en 2012.

Salud evita hablar de la incompatibilidad de funciones
La conselleria, que dirige Boi Ruiz, no ha valorado, sin embargo, esta dualidad en las funciones de Padrosa y se ha limitado a explicar que Salud financia a través del CatSalut a los centros sanitarios, mediante un presupuesto que en 2012 se situó en los 8.506,5 millones de euros, un 10,9% menos que los 9.547,8 millones de dos años antes, cuando accedieron al cargo Ruiz y Padrosa, informa Europa Press.

La facturación del grupo empresarial
Las seis empresas en las que figura Padrosa como apoderado del ámbito de la fisioterapia, rehabilitación y logopedia, pasaron de facturar 15,74 millones al CatSalut en 2010 a 14,29 millones dos años después, un 9,2% menos, lo que constituye un recorte menor que el del conjunto del sistema.

El doble cargo de Padrosa puede contravenir la ley de incompatibilidad de altos cargos de la Generalitat y la ley de ordenación sanitaria, que fija que ocupar un cargo en la dirección del CatSalut "es incompatible con cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con cualquier tipo de presntación de servicios".

La Generalitat defendió hace un año la "legalidad" de un caso similar, que terminó en dimisión
Hace un año, el presidente del Instituto Nacional, Josep Prat Domènech, se vio obligado a dimitir tras desvelarse presuntas irregularidades en su gestión y que desarrollaba su cargo a la par que la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España. La Generalitat había considerado unos meses antes que la situación era “legítima” y que se cumplía “escrupulosamente la ley”. El consejero de Salud, Boi Ruiz, había defendido que no se daba “ninguna incompatibilidad del señor Prat con sus otros cargos”.