ELPLURAL.COM ya había denunciado este caso el pasado día 22 de diciembre. Apenas veinticuatro horas después que el portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, se refiriera al evidente conflicto de intereses entre los cargos ocupados por el presidente del ICS diciendo que “es legítimo y cumple escrupulosamente la ley”, y mientras el consejero de Salud, Boi Ruiz, sigue afirmando que “no se da ninguna incompatibilidad del señor Prat con sus otros cargos”, este miércoles Josep Prat Domènech anunciaba la renuncia inmediata de “sus otros cargos”, los ya mencionados en Innova y USP Hospitales.

Denuncia de tres concejales
Lo hacía, según sus palabras, para no perjudicar “la imagen y el prestigio de la Generalitat”. Pero lo hacía sobre todo después de la presentación en la Audiencia Nacional de una denuncia formulada por tres concejales reusenses de las Candidatures d’Unitat Popular (CUP), instando a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de Josep Prat Domènech.

Declaración de bienes no presentada
La denuncia de los concejales de la CUP hace referencia a la no presentación de la obligatoria declaración de bienes y patrimonio de Josep Prat Domènech al Ayuntamiento de Reus, del que depende Innova, así como a la ocultación de la retribución que Prat percibe de este holding público, con cuantiosas inversiones tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana. Prat es el único alto cargo del Ayuntamiento de Reus que sigue sin haber hecho pública su declaración de bienes y patrimonio, a la que está obligado por la Ley de Bases de Régimen Local.

"No será ilegal, pero sí inmoral"
Desde su cargo de presidente del ICS, y a las órdenes del consejero Boi Ruiz, que hasta su nombramiento por Artur Mas presidía la patronal catalana del sector sanitario, Josep Prat Domènech ha diseñado el despedazamiento del propio ICS en una veintena de empresas abiertas a la colaboración y gestión del capital privado. Como ha señalado el diputado del PSC Josep Maria Sabaté, responsable de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña, “tal vez no será ilegal, pero es inmoral”.

Más casos dudosos
No obstante, no es este el único caso de más que dudosa compatibilidad de cargos públicos y privados que afecta a la sanidad pública catalana. Ramon Bagó Agulló, todopoderoso empresario vinculado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) –fue alcalde de Calella durante 12 años, así como diputado autonómico de CiU, además de ocupar la dirección del entonces llamado Consorcio Hospitalario de Cataluña-, preside su propio holding empresarial, el Grupo Serhs, integrado por más de medio centenar de empresas, y al mismo tiempo es miembro del consejo de administración de una sociedad anónima de capital público, Consorci SA, que gestiona el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), que otorga cuantiosos contratos millonarios al Grupo Serhs.  Mientras, el Departamento de Salud sigue aplicando importantes recortes en la sanidad pública catalana.