Quim Torra es un presidente de la Generalitat amortizado como hipotético protagonista del diálogo y aislado como supuesto dirigente del independentismo. Como presidente de Cataluña ya renunció por iniciativa propia al admitir desde el primer minuto que no había venido a gobernar según el estatuto autonómico. La falta de iniciativa política del independentismo oficial desde que los socios desconcertados de Torra conocieron su propuesta para responder a la sentencia del TS (la repetición del referéndum) le ha impedido capitalizar la manifestación multitudinaria organizada el pasado viernes por ANC y Òmnium, quedando atrapados en la violencia de algunos de los suyos. Ahora pretenden reaccionar con una nueva dosis de humo parlamentario, agitando la libertad de debate de la cámara, pero cuidándose de no apoyar la idea del presidente de volver a materializar el reivindicado derecho de autodeterminación.

La negativa de Pedro Sánchez a considerar a Torra un interlocutor válido hasta no producirse una condena inequívoca de la violencia ha acabado por forzar una declaración del presidente de la Generalitat algo más concreta de lo habitual. “Cualquiera que haya cometido un acto violento debe ser castigado”, dijo finalmente Torra en una entrevista periodística, obteniendo el aplauso de Miquel Iceta, aun cuando estas palabras quedan muy lejos de la precisión utilizada por Jordi Sànchez desde la cárcel: “una parte de los que tiran adoquines al lado de los profesionales de los disturbios son nuestros jóvenes y adolescentes”.

El primer secretario del PSC, de todas maneras, relegó cualquier reapertura del diálogo a la formación de un nuevo gobierno y a la renuncia por parte de la Generalitat a la política de confrontación. Esta última condición descalifica al actual presidente como protagonista de cualquier negociación. La afirmación de Iceta está destinada a obtener algún guiño de complicidad de ERC, cuyas diferencias con Torra son públicas, aunque no han llegado todavía al punto de reconocer su predisposición a romper su alianza con JxCAT. Esta ruptura supondría la convocatoria de elecciones autonómicas y la apertura, tal vez, de una nueva etapa de distensión para la que los Comunes de Ada Colau vienen proponiéndose como que socios preferentes y mediadores con los socialistas.

Todo esto queda para más tarde. De momento y para salir del paso de las múltiples críticas acumuladas por ERC y JxCat por su incapacidad de formular ni tan solo una resolución parlamentaria compartida como respuesta a la sentencia del TS, ambos grupos han conseguido consensuar dicha resolución con la CUP, los grandes beneficiados por el caos instalado en Cataluña. Una vez recuperados del susto asestado por Torra con su propuesta de repetición de un referéndum, los tres grupos independentistas van a someter a votación y a aprobar un texto literario apasionado que puedan presentar a los suyos como uno nuevo reto al Tribunal Constitucional. En el fondo, poca cosa más que una columna de humo para tapar su desacuerdo con Torra y su nula predisposición a desobedecer.

La resolución rechaza la sentencia, pide la libertad de los presos, denuncia el intento de criminalizar a la disidencia que según ellos implica la decisión del TS, critica el intento de censura del debate en la cámara por parte del Tribunal Constitucional y recoge la voluntad de estos grupos de seguir reprobando a la monarquía, defender el derecho a la autodeterminación y reivindicar la soberanía del pueblo catalán tantas veces como les convenga. El documento apela a la solución democrática del conflicto político per se evita anunciar ningún nuevo ejercicio práctico de la autodeterminación como les pidió el presidente de la Generalitat.

Este miércoles pues, el Parlament de Catalunya será escenario de otra entretenida sesión sin acuerdos materiales por parte de la cámara, tan solo una exhibición de fuegos de artificio de la mayoría independentista para aparentar una unidad de acción inexistente que ya no se cree casi nadie, empezando por quienes mantienen noche tras noche los cortes de circulación en Barcelona. El debate permitirá a Ciudadanos encender sus propias hogueras retóricas, pedir la destitución inmediata de Torra por parte de Pedro Sánchez (sic), siguiendo la consigna de su líder nacional y tantear el estado de ánimo del tribunal Constitucional, del que agradecerán una nueva suspensión de la resolución como si fuera agua de mayo.