Los inminentes indultos que fragua Pedro Sánchez para los presos del procés y que se prevén para las próximas semanas (incluso días) han recibido el apoyo de los empresarios españoles, que han dejado solo en su argumentario al líder del Partido Popular, Pablo Casado.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha valorado positivamente la concesión de la medida de gracia si ayuda a que “las cosas se normalicen”, al tiempo que ha recordado que es potestad del Gobierno concederlos ya que se encuentra dentro del marcho de derecho.

En una entrevista en TVE, ha abogado por que “si esto acaba en que al final las cosas se normalicen, pues bienvenido sea”. Garamendi ha apuntado también que “las posiciones maximalistas, más radicales, no son buenas”, defendiendo que “caminar juntos” es bueno.

Estas declaraciones las ha realizado apenas unas horas después de que el Circulo de Economía catalán manifestara su apoyo a los indultos. Eso sí, en su caso, los empresarios catalanes pidieron al president del Govern, Pere Aragonès, que aprovechara “la oportunidad histórica” que se presentaba para apostar por un “mañana en común”.

El vicepresidente del Cercel d’Economía, Jordi Gual, ha insistido este jueves en que la medida de gracia no debe interpretarse como una “concesión inaceptable ni vergonzosa”, sino como un gesto de diálogo, tal y como ha dicho al comienzo de la segunda jornada de la XXXVI Reunión del Cercle d’Economia.

Casado ha sido espectador privilegiado de sus razonamientos, puesto que le ha cedido la palabra justo después.

Gual ha subrayado que "es probable que no resuelvan el problema" de las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado, pero "son un inicio del diálogo”: "Son parte de los gestos recíprocos que mencionaba ayer el presidente Faus (en alusión al presidente del Cercle, Javier Faus), que disminuyen el clima de confrontación, que moderan la tensión y acercan, ni que sea mínimamente, unas posiciones que hasta ahora han estado muy, muy alejadas”.

A juicio de Gual, la alternativa es la "cronificación del conflicto", que sería "muy negativa para Cataluña y para España” y, en consecuencia, “no es una alternativa aceptable”.