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Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha sido condenada a abonar 6.676.105,58 euros por las ganancias obtenidas en la financiación irregular del partido gracias al tráfico de influencias en el Palau de la Música. Ferrovial pagaba a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública y el Palau de la Música era el canal que se utilizaba. La constructora pagaba un 4% de comisión.
Por fin, después de siete meses de haber finalizado el juicio por el expolio del Palau de la Música, se ha conocido la sentencia. El tribunal ha sido benevolente y ha rebajado las penas de cárcel que solicitaba la acusación pública.
Félix Millet, el principal responsable, ha sido condenado a 9 años y ochos meses por malversación de caudales públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda pública. Su principal colaborador, Jordi Montull, ha sido condenado a 7 años y seis meses por los mismos delitos. La hija de este último, Gemma, no ha conseguido una rebaja sustancial de la pena y no tener que ingresar a prisión, tal y como se propuso su defensa. Así, ha sido condenada a 4 años, seis meses y 22 días por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, elevando la petición de Fiscalía en un año.
El extesorero de CDC Daniel Osácar ha recibido la cuarta condena más grande. El tribunal considera que Osácar es culpable de un delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales por lo que lo condena a 4 años y cinco meses. Los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga han sido absueltos por haber prescrito el delito. La sentencia acredita el pago de comisiones, un mecanismo que fue iniciado por el antecesor de Osácar a la tesorería de CDC, Carles Torrent, ya fallecido.
Durante cuatro meses la Ciudad de la Justicia, una de las obras por la que Ferrovial pagó la comisión a CDC según la sentencia, fue el lugar por el que se juzgó el expolio del Palau de la Música perpetrado por sus principales gestores Millet, Montull y su hija Gemma, así como el canal por el que Ferrovial financiaba a Convergència y, además, una delito contra la Hacienda pública por haber intentado pagar menos impuestos de los correspondientes.
Esta sentencia puede ser recurrida.
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