El Parlament de Cataluña es un barquito de papel zozobrando en un océano de confusión política y gesticulación inútil por culpa de la desconfianza insalvable entre los dos grupos de la mayoría del independentismo oficialista. Las cargas de los Mossos contra quienes pretendieron asaltar el edificio parlamentario, la falsa desobediencia escenificada ante la suspensión de diputados procesados dictada por el juez Llarena y la improvisación del presidente Quim Torra con su ultimátum inventado, contrariando por igual a los dos partidos que le sustentan, colocan a la legislatura en punto muerto.

La única explicación aportada por los protagonistas para justificar tanto error encadenado es una apelación a la situación de anormalidad que se vive en Cataluña. Así, vienen a decir, es muy difícil acertar. La descripción de este “así” abarca desde la prisión preventiva de los dirigentes del procés, a los fugados para evitar el juicio, a los centenares de investigados por el 21-O (unos 800, incluidos los 700 alcaldes a los que la fiscalía acusa de colaborar con la organización) que en boca de Torra se convierten en “miles y miles”,  pasando por las consecuencias de la aplicación del 155 y acabando en el agravio al pueblo de Cataluña atribuido al discurso del Rey de hace un año. Atendiendo a esta explicación, el efecto emocional del difícil contexto político y judicial, les incapacitaría para redactar un documento satisfactorio para salir del paso.

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El motivo real del aplazamiento de la última sesión del debate de política general es un exceso de representación en un acto de falsa desobediencia. El método de confundir a la gente tiene su límite y los dirigentes de JxC y ERC lo han cruzado con la suspensión de los diputados procesados, hasta el punto de confundirse ellos mismos respecto de la confusión creada. La mayoría independentista (con la inapreciable colaboración de los Comunes) aprobaron dos acuerdos contradictorios a todas luces, excepto para ellos. Primero, se negaron a aceptar la suspensión de los diputados procesados y a continuación, en el mismo pleno, aprobaron la substitución provisional de los mismos, exigida por el juez, para salvar la mayoría.

La substitución en sus funciones de estos diputados escapa a la lógica después de haber votado contra la suspensión judicial, con toda clase de elogios a la soberanía del Parlament, muy discutible en este episodio;  la crisis entre ERC y JxCat vino después, cuando hubo de aplicarse el galimatías. Los republicanos cumplieron el trámite según las indicaciones de los servicios jurídicos de la cámara, sin embargo, JxCat, argumentando que el pleno negó la suspensión, pretendió limitarse a una delegación de voto de los diputados afectados, resistiéndose a substituirles en sus funciones.  El presidente del Parlament no aceptó esta fórmula que lo situaría a las puertas de la desobediencia (a él y a la Mesa) y durante todo el día no consiguieron convencer a Puigdemont para que aceptara la realidad.

La convocatoria de elecciones acecha como una amenaza cada día más factible, a partir del próximo 27 de septiembre, primera fecha viable para disolver la cámara. El presidente Torra ha sido desautorizado por pretender volver a los tiempos de las prisas, ha sido señalado como político inexperto de salidas imprevisibles, además de activista reprimido; sus posibilidades de repetir como candidato a la presidencia deberían ser escasas, de ahí que pudiera interpretar las elecciones como un acto de liberación personal para poner fin a su imprevista experiencia institucional. Sin embargo, ni ERC ni la Crida Nacional están a condiciones de afrontar unos comicios inminentes.

Primer match point

Puigdemont no consigue que el comité organizador de la Crida avance en sus trabajos, según los planes iniciales ya debería estar operativa, pero no es el caso, de ahí que un adelanto le forzaría a improvisar más de lo habitual o resignarse a repetir simplemente la fórmula JxCat, actualmente muy desgastada por las diferencias internas entre sus propios fieles y el desánimo elocuente del sector del PDeCAT que no quiere verse abducido por el legitimismo.

ERC tampoco tiene candidato. El reciente anuncio por parte de Junqueras de  su decisión de presentarse a las elecciones europeas, le obligará a decantarse por Roger Torrent o Pere Aragonés, líderes de dos grupos que aspiran a ocupar la dirección del partido en nombre de Oriol Junqueras. Algunos republicanos subrayaban ayer mismo que la presión de JxCat para forzar a Torrent a desobedecer al juez Llarena tenia algo que ver con el interés de apartarlo de la carrera electoral.  En todo caso, nadie en ERC va a resistirse al candidato que designe Junqueras.

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Los cinco días que se han dado los dirigentes independentistas para alcanzar un acuerdo sobre cómo cumplir con la suspensión de los diputados, aparentando una desobediencia inexistente, y remprender el pleno interrumpido por su incompetencia, deberían ser suficientes para salvar el primer match point de la legislatura. Pueden evitar la disolución pero difícilmente recomponer la confianza entre los socios. ERC ofreció a Comunes y al PSC sumarse a su causa abiertamente, descaradamente, en el primer día del debate. A su causa, aquí conocida como tripartito de izquierdas, no a la causa que aún comparten formalmente con JxC. El segundo match point, tal vez el definitivo, serán los presupuestos para los que el oficialismo no podrá contar con los votos de la CUP.