El propio juez Pijoan ha reconocido que estas nuevas diligencias habrían dado mejores resultados si hubiesen sido realizadas al inicio de la instrucción, pero parece que su antecesor, el ya mentado juez Juli Solaz, no las estimó necesarias en aquel momento. Hasta ahora la instrucción judicial sólo ha podido descubrir que unos 18 millones de euros fueron cobrados mayoritariamente en cheques al portador en la ventanilla de distintas entidades bancarias. Se ignora el destino final del resto del desfalco, que según las informaciones conocidas supera los 30 millones. El actual instructor estimó oportuno llevar a cabo estos nuevos registros al entender que allí podrían encontrarse, a pesar del tiempo transcurrido, al menos algunos indicios sobre dónde fueron a parar estos más de 12 millones de euros. Se sabe que en el registro de la residencia de Fèlix Millet se hallaron 43.000 euros en efectivo, así como una treintena de obras de arte, mientras que en la residencia de Jordi Montull se encontraron un ordenador y algunos documentos de interés.

El caso Palau sigue planeando sobre la sociedad catalana. Y es que el Orfeó Català ha sido siempre uno de los referentes fundamentales del catalanismo, como lo es sin duda su sede, el monumental edificio del Palau de la Música Catalana, obra del arquitecto modernista Domènech i Montaner. Por si no bastara con esto, y con la relevancia que el apellido Millet tiene en Cataluña desde hace muchas décadas tanto en lo cultural y social como en lo económico y político, lo cierto es que el caso Palau tiene una derivación específicamente política nada despreciable, que afecta de lleno a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido fundado por Jordi Pujol y liderado en la actualidad por Artur Mas. La instrucción del caso Palau ha puesto al descubierto una red de presunta financiación ilegal de CDC, que según la fiscalía supuestamente recibió importantes cantidades de dinero de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública de la Generalitat bajo la presidencia de Jordi Pujol, en una transacción en la que Millet y Montull hicieron de simples intermediarios, a través del Palau de la Música Catalana.

Con los registros efectuados el pasado lunes en L’Ametlla del Vallès y en Teià se avanza hacia al cierre de la instrucción del caso Palau. Ello quiere decir que se acerca el momento de la verdad, el del juicio oral que debería echar luz definitivamente sobre el destino final de los más de 30 millones de euros que Millet y Montull distrajeron del Palau, en beneficio propio y tal vez también de otros.

Jordi García-Soler es periodista y analista político