El cisma entre ERC, Junts y la CUP se ha consumado formalmente en beneficio de la trasversalidad política perdida en Cataluña hace más de una década. Los republicanos han conseguido aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2023 con los votos del PSC y los de los Comunes. Este acuerdo ha provocado las iras de Junts, que han dado por inaugurada una nueva etapa de “tripartito autonómico”; y las de la CUP, que ha reclamado al presidente Pere Aragonés que se someta a una cuestión de confianza al ver anulado su principal acuerdo de investidura, el plan piloto de la renta básica universal. El acuerdo a tres bandas para aprobar un presupuesto expansivo de 41.025 millones de euros (un 7,6% de crecimiento) está cogido con pinzas; las diferencias irreconciliables sobre los macroproyectos (aeropuerto, autovía del Vallès y parque lúdico de Hard Rock) vaticinan que uno de los tres firmantes se arrepentirá de haberlo firmado.

La ruptura del gobierno independentista, consumada hace cinco meses con la salida de Junts del ejecutivo de Pere Aragonés, situaba en la aprobación de los presupuestos la resolución final de la crisis entre ERC y Junts. Finalmente, el PSC accedió a salvar la legislatura de una ERC en minoría absoluta, al menos momentáneamente. Para firmar el pacto, los socialistas exigieron la incorporación de tres grandes proyectos de infraestructuras largamente dilatadas en el tiempo por la oposición de ERC: ampliación del aeropuerto, firma del convenio para acabar las obras de la B-40, la autovía del Vallès, y luz verde para el plan urbanístico del parque lúdico de Hard Rock en Tarragona. El tercer socio para aprobar los presupuestos, los Comunes, tiene declarada la guerra a estos tres proyectos al considerarlos impropios del siglo XXI. Los tres han aprobado los presupuestos.

La línea roja de los Comunes se fijó en un precepto sin matices: que en los presupuestos no se recogiera ni un solo euro para estos tres proyectos. En el momento de votar los presupuestos esta condición se cumplía literalmente. Sin embargo, según los acuerdos entre ERC y PSC, dentro de 21 días debe de aprobarse el convenio entre la Generalitat y el Ministerio de Transportes para el traspaso de la partida ministerial al gobierno catalán para desencallar las obras de la B-40 y antes de acabar este trimestre, el presidente Aragonés debería haber creado la comisión para estudiar las opciones para modernizar el aeropuerto de El Prat y el departamento de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad debería aprobar el plan urbanístico del Hard Rock. Alguno de los firmantes del pacto presupuestario quedará en falso.

La ruptura de los bloques instaurados con el soufflé independentista ha sido un objetivo político del PSC y también de los Comunes. ERC, finalmente, ha debido plagarse a la realidad de sus 33 diputados, insuficientes para ganar cualquier votación en el Parlament. Y Junts ha forzado la situación, calculando algún rédito electoral del abrazo autonómico de los republicanos con los socialistas. Incluso ha hecho algo más, ha apoyado al PSC para acabar de aislar a Aragonés de todos los grupos parlamentarios independentistas, dando curso a la eliminación del plan piloto de la renta básica universal que ERC pactó con la CUP en el momento de la investidura. El argumento para acabar con el plan piloto es que la Generalitat no tiene, ni tendrá, recursos para financiar esta renta universal, en el caso de que el plan piloto fuera un éxito.

ERC queda en manos del PSC en primera instancia y el PSC queda a la espera de que ERC cumpla con sus promesas para conseguir sus votos salvadores del presupuesto. De cumplirse sus compromisos sobre los macroproyectos, los Comunes deberían salirse de la ecuación o callar para siempre, dejando a los republicanos en situación muy comprometida, prisioneros de los socialistas. De todas maneras, ERC tiene todavía una oportunidad de firmar la paz con Junts y salvarse del abrazo autonómico del PSC. Tal vez la última oportunidad de dejar un puente abierto entre los dos grandes partidos independentistas.

La venta de oportunidad se abrirá en cuanto el TSJC dicte sentencia en el juicio seguido contra Laura Borràs por presunta corrupción durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. De ser declarada culpable, la ex presidenta del Parlament y presidenta de Junts perdería toda esperanza de recuperar su cargo y el Parlament debería elegir nueva presidenta. En este momento, ERC deberá decidir si mantiene vivo el pacto institucional según el cual dicha presidencia debe recaer en Junts. El pacto original se truncó en cuanto Junts abandonó el gobierno de la Generalitat; sin embargo, los republicanos podrían sumar sus votos a los de Junts para concederles la presidencia de la cámara y mantener así encendida la tenue llama de la unidad soberanista.

ERC ya ha avanzado que no contempla ceder al PSC la presidencia del Parlament. La incógnita radica en que el PSC y Junts podrían pactar al margen de ERC dicha presidencia para escenificar con toda crudeza la condición de ERC como grupo minoritario en la cámara. Ninguno de los dos grupos se ha manifestado en este sentido, pero el golpe político de esta maniobra podría acabar por interesar a los dos. La solución del entuerto, muy pronto.