El Tribunal de Cuentas juzgará a partir de este miércoles 10 de octubre al expresidente de la Generalitat, Artur Mas y otros miembros de su Govern por los gastos que generó a las arcas públicas la consulta del 9 de noviembre de 2014 sobre la autodeterminación de Cataluña, para dirimir si incurrieron en algún tipo de responsabilidad contable por el empleo de aquellos fondos.
En concreto, se sentarán en el banquillo de este tribunal en la calle Ortega y Gasset de Madrid, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. Todos fueron ya enjuiciados por la organización del 9N, si bien Homs es el único que ha cumplido la condena, dictada por el Supremo dada su condición de aforado, y el resto están pendientes de que esta sea firme.
Junto a ellos, serán juzgados por su responsabilidad contable en la financiación de aquella consulta el ex asesor del presidente Mas Jordi Vilalloana, el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés; la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls, el subdirector de Servicios de Gobernación, Lluis Bertrán, el director del DOGC, Jaume Domingo y la directora de Servicios de Presidencia, Teresa Prohías.
El juicio tendrá lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, unos fondos que debían pagar de forma subsidiaria los investigados y que como no se abonó en tiempo y forma, fue confiscada en embargos de bienes inmuebles a los afectados.
El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9N en varios bloques para calcular esta cantidad y concluyó que Artur Mas figuraba en todos ellos: Registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria y envío de información, entre otros.
Esta instancia se encarga de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos.
