La aprobación de la ley para prohibir la compra especulativa de vivienda se complica por el desacuerdo entre PSC y Comuns

La aprobación en el Parlament de la ley para prohibir la compra especulativa de vivienda en Cataluña acordada el pasado mes de febrero por PSC y los Comuns parece haberse complicado después de que el pasado viernes, el día que finalizaba el plazo para registrar enmiendas conjuntas, ambas formaciones presentarán unas propias por separado con las que dar respuesta al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) del pasado mes de agosto, que consideraba que la norma supone en algunos de sus puntos un incumplimiento de la Constitución Española y del Estatut. Dicha resolución no es vinculante, pero ha abierto una fractura entre el Govern y su socio debido a sus diferencias respecto a los cambios del texto que inició su tramitación parlamentaria durante el pasado curso político. 

Desde que se conociera el dictamen del CGE, Govern y Comuns han mostrado sus discrepancias sobre los cambios a realizar en el texto original, el cual se trata de una proposición de ley que modifica la Ley de Urbanismo vigente en Cataluña para que los ayuntamientos de los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado (ZMRT) puedan limitar, a través del planeamiento urbanístico, el número de viviendas que los grandes tenedores pueden adquirir. En concreto, la norma permite a los consistorios restringir la cantidad de inmuebles que una persona con cinco o más pisos en su propiedad puede comprar a tan solo uno, que deberá ser su vivienda habitual o su segunda residencia si no dispone de otra y la primera se encuentra en otra localidad. 

El Govern quiere centrar la ley en el uso de las viviendas para garantizar la seguridad jurídica

Tras el pronunciamiento del CGE, el Ejecutivo catalán trasladó al partido con el que pactaron la ley a cambio de su apoyo a los presupuestos de la Generalitat de 2026 una propuesta que eliminaba tanto la limitación del número de viviendas que se pueden comprar como la distinción entre grandes y pequeños tenedores y se centraba en el uso que se les debía dar a los inmuebles, obligando a que este fuera residencial y habitual. En este planteamiento, que fue rechazado por los Comuns, consisten las enmiendas registradas por el PSC. 

El Govern ha defendido que con la propuesta del PSC se garantiza la seguridad jurídica de la ley. En este sentido, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este lunes por la revisión de las disposiciones de la norma para limitar la compra especulativa de vivienda, reivindicando que la aprobación “se debe hacer con solvencia”. “No quiero aprobar una ley para que después me la suspendan”, ha señalado el jefe del Ejecutivo catalán en una entrevista concedida a Cadena SER, en la que ha asegurado que, a pesar de las discrepancias, el acuerdo “no se ha roto” y “los objetivos son los mismos”. Sin embargo, los Comuns no opinan lo mismo.  

Las tres enmiendas de los Comuns

Ante el dictamen del CGE, los Comuns han terminado presentando tres enmiendas. Una de ellas diferencia a los pequeños de los grandes tenedores para que esta distinción quede recogida en la ley para limitar la compra especulativa, como ya habían acordado con el PSC después de que registrara la ley en el Parlament. 

Otra de las enmiendas de los Comuns hace referencia a las viviendas heredadas, la cual establece que si una persona recibe un inmueble en herencia, solo se le podrá obligar a ponerlo en alquiler en caso de que sea un gran tenedor. La tercera es de carácter técnico y consiste en la modificación del artículo 3 de la proposición de ley para que la anterior enmienda se incluya en el texto de la Ley de Urbanismo. 

Los Comuns acusan al Govern de cambiar la finalidad de la ley

Según ha afirmado la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, este lunes en declaraciones a TV3, con sus enmiendas se da respuesta al CGE, mientras que con las suyas el Ejecutivo catalán “ahora mismo está cambiando la finalidad” de la ley para limitar la compra especulativa de vivienda y “no le está diciendo a los fondos buitre suficiente de acaparar vivienda”. Además, ha remarcado que el texto original no ha sido obra tan solo de su formación, sino que “es fruto de un grupo de trabajo en el que hay constitucionalistas y de personas escogidas por el Govern y los Comuns”. 

“No es una ley nuestra, sino que fue de consenso con un grupo de expertos”, ha sostenido Albiach en la entrevista en la que ha expresado que no pretende apoyar una norma para que “después del Govern no la haga cumplir”. De esta manera, ha dejado clara la distancia que separa en esos momentos a los Comuns y al PSC en lo que refiere a la norma para prohibir la compra especulativa de vivienda.

La ley afrontará su votación final en diciembre

La ley para limitar la compra especulativa de vivienda afrontó su primer debate en el Parlament el pasado 8 de julio, cuando  a Cámara Catalana decidió con el apoyo de PSC, Comuns, ERC y la CUP que se tramitara por lectura única, es decir, la vía más rápida. Estaba previsto que la votación final se celebrara a finales de julio, en el último pleno del anterior período de sesiones parlamentarias, pero la presentación de recursos al CGE por parte de Junts y PP hizo que se retrasara hasta después de que se pronunciara el órgano encargado de analizar la validez constitucional y estatutaria de las leyes catalanas. 

El dictamen del CGE, que se conoció el pasado 4 de agosto, determina que el texto original vulnera artículos de la Constitución y el Estatut al, entre otras cosas, no respetar el derecho a la propiedad privada y a la herencia e invadir competencias estatales. Justamente, ha sido en la respuesta que se debe dar a esta resolución donde el PSC y los Comuns no se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, salvo que se llegue a un entendimiento durante la ponencia, la ley para prohibir la compra especulativa se enfrentará, previsiblemente en diciembre, a una votación final con las dos formaciones que la impulsaron rechazando las enmiendas de la otra.