La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han abordado este viernes crear una Comisión Bilateral entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona -como prevé la Carta Municipal de la ciudad- y la posibilidad de que las ciudades puedan regular la subida de los precios abusivos en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En declaraciones a la prensa tras reunirse con Sánchez antes del Consejo de Ministros en Barcelona, Colau ha destacado que el encuentro se ha celebrado durante cerca de una hora y media en un tono "constructivo y propositivo" que empezará una nueva etapa en relación a la ciudad después de la recentralización del Ejecutivo del PP, ha dicho.
"Hay muchos temas acumulados de derechos sociales e infraestructuras que llevan mucho tiempo estancados", ha subrayado Colau, por lo que Sánchez se ha comprometido a trasladar a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, convocar esta Comisión Bilateral entre el Estado y Barcelona, y la primera edil ha dicho que el Gobierno central debe abordar los alquileres abusivos.
En este sentido, ha subrayado que está en juego el modelo de ciudad: "Eso pasa por un cambio de la legislación estatal, y tenemos el compromiso de Sánchez", ha celebrado la alcaldesa, que ha destacado la intención de ambos de impulsar políticas progresistas en beneficio de la capital catalana y consolidar una nueva etapa de diálogo y acuerdos concretos entre ambas administraciones.
Preguntada por si existe una fecha para reunir esta Comisión Bilateral entre Gobierno y Ayuntamiento, ha admitido que no hay un día cerrado: "No tenemos fecha, pero tenemos compromiso", y ha dicho que era prioritario abordar la necesidad de crear un marco de reunión entre ambos gobiernos para alcanzar acuerdos en beneficio de la ciudadanía y de la misma capital catalana.
Según ha explicado, Sánchez le ha dicho que ya se ha iniciado el trámite parlamentario del Decreto Ley sobre la duración de los contratos, pero que incluirán en el trámite parlamentario la posibilidad de que las ciudades incluyan medidas para evitar las medidas abusivas del alquiler y evitar la marcha de vecinos de la capital catalana.
