El partido Se Acabó La Fiesta (SALF), del agitador ultra Alvise Pérez, que consiguió representación en el Parlamento Europeo y triplicó en votos a Podemos en Aragón -aunque tampoco logró entrar en las Cortes, ha presentado su programa para Castilla y León plagado de referencias a “los aragoneses”.
“Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino. ¡Vamos a por ello, juntos!”. Con esta promesa se presenta a las elecciones castellanoleonesas. Sin embargo, no parece un problema de geografía, sino de plazos, lo cual no lo convierte en menos llamativo.
Pérez registró su participación para los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo el último día de plazo legal, el 9 de febrero; un día después de que tuvieran lugar los de Aragón. Esto le ha jugado una mala pasada, hasta el punto de que su equipo de campaña ha plasmado de forma idéntica el programa para ambas comunidades autónomas, convirtiéndolas en una sola.
A los encargados de elaborar el texto se les ha olvidado suprimir las referencias a la autonomía que ya pasado por las urnas. Y no una, ni dos veces, sino que el gentilicio “aragoneses” aparece hasta en trece ocasiones a lo largo del documento. Además, tampoco han cambiado las fechas de las elecciones aragonesas, que se celebraron el pasado 8 de febrero.
Hasta 13 referencias
Como si de una misma zona se tratara, SALF desplaza los problemas entre los territorios. Así, aparece por ejemplo que Aragón “debe dejar de ser una comunidad hostil para el que emprende o que “las empresas aragonesas” tienen que adaptar ofertas de empleo a la FP.
Lo mismo ocurre en el bloque de servicios públicos, aunque aquí la cosa es más chapucera si cabe. El texto recoge que ente un 5 y un 10% del “territorio aragonés” no dispone de la cobertura de estos servicios, pero aparece tachado. En la misma línea, considera que “ningún aragonés quedará aislado por vivir en pueblo pequeño”. Incluso se habla de la ampliación del transporte metropolitano en Zaragoza, Huesca y Teruel.
En materia sanitaria, Alvise desea que “ningún aragonés espere más de 30 días” por una consulta especializada o una historia clínica electrónica única para “todo el sistema público aragonés”. También conciertos con “clínicas privadas aragoneses” y terminar obras que están en la comunidad aragonesa, como el nuevo Hospital de Alcañiz, en Teruel.
El campo, una de las preocupaciones de las dos regiones, no se personaliza esta vez en Castilla y León. De hecho, habla de la “defensa sin complejos del campo aragonés” y “los trámites ante el INAGA”, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Y así, suma y sigue con la contratación pública local, la soberanía energética y un largo etcétera. A más a más, confunde las competencias y extralimitan las capacidades de las comunidades como en materia de migración -uno de los asuntos por que más confrontan las derechas- cuando habla del “mayor plan de deportación de inmigrantes ilegales”. Se trata de una competencia exclusivamente del Estado y la Junta de Castilla y León.
Abierto a pactar con Mañueco
SALF presenta a la burgalesa Lucía Echevarrieta como candidata a la presidencia de CyL por la formación ultra. Abogada de profesión (quinta del Colegio de Abogados), empresaria y diputada, incorpora a los procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes por pedir más democracia interna: Javier Teira y Ana Rosa Hernando.
Pérez se abrió a pactar con Alfonso Fernández Mañueco si les dan los números. “Si el Gobierno depende de nosotros, haré como buen bailarín, que no se preocupe tanto de con quien baila, sino primero y antes de nada de que la música tiene sentido”, indicó el pasado domingo.
“No cree” en los cordones sanitarios al ser, dice, el “patito feo” al que le “hacen bullying todos los partidos políticos”. Si bien rechaza pacto con la formaciones que “han asesinado personas por cuestiones ideológicas, como EH Bildu”, o aquellos que han dado “golpes de Estado”, como ERC o Junts, a quienes llama “supremacistas, radicales y nazis de ultraderecha”.
Con Vox, sin embargo, parece no tener problema -no ha dicho nada al menos- a pesar de ser de extrema derecha. Si bien se sitúa como reemplazo de este partido en cuanto a pactos. Tampoco llegaría a acuerdos con el PSOE por estar “presente en todas las causas judiciales contra él” y la “estructura criminal” del actual Gobierno de Pedro Sánchez: “Debería ser ilegalizada”.