La incidencia acumulada y la presión hospitalaria en Castilla y León se están disparando, aunque el Gobierno autonómico ha aplazado la toma de nuevas medidas a la espera de si las que están vigentes tienen efecto. La incidencia ya se sitúa en los 808 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y hay 224 pacientes hospitalizados en planta y 39 en UCI.

“La vacunación ha hecho cambiar el foco de la incidencia. La tipología de casos es completamente diferente. Debemos justificar nuestras medidas de acuerdo al nivel de riesgo, y no es el de 2.000 personas ingresadas en hospitales, sino de 250, que son muchas pero no son el mismo nivel de riesgo”, ha pronunciado Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, este jueves en rueda de prensa.

El Gobierno regional ha demostrado tener serias dudas sobre qué medidas tomar para contener esta quinta ola. Han rechazado adelantar la vacunación de los jóvenes pese a que son el grupo de edad en el que mayores contagios se producen y, sobre el toque de queda, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que los servicios jurídicos lo desaconsejan.

Las nuevas decisiones quedan aplazas al próximo Consejo de Gobierno, que deberá convocar el presidente de la Junta, quien “comparte la preocupación” del vicepresidente, según ha dicho Igea. Así, Igea ha asegurado que las medidas que se han estudiado este jueves eran de “dudosa eficacia” o no recomendadas jurídicamente, y ha insistido en que aún no se conoce la efectividad de las medidas restrictivas que se tomaron la semana pasada, como sobre el ocio nocturno, ya que “aún no se han cumplido los 14 días de vigencia”.

“Me costaría explicarles a los equipos de Atención Primaria que debemos hacer más PCR para que la gente pueda salir al ocio nocturno. De momento no nos lo planteamos. Otros dispositivos como la app de Sacyl Conecta o los certificados de vacunación están encima de la mesa y hay que ver si es viable o no”, ha indicado también.

A esto hay que añadir que el Ejecutivo autonómico ha anunciado la creación de un nuevo grupo de trabajo, formado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la de Sanidad y el Cecopi, para estudiar nuevas medidas que se puedan aplicar para contener el avance de la pandemia.