Castilla-La Mancha necesita 45 jueces. Ese fue uno de los titulares que dejó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, en una entrevista en EuropaPress. Astray aseguraba que la región tiene un problema de escasez en el número de jueces y afirmaba que esto puede afectar a los procesos judiciales, especialmente en cuanto a su rapidez.

Además, Astray ponía el foco sobre algunos “puntos negros” de la región en cuanto a infraestructuras destinadas al ámbito judicial. Aseguraba que los Juzgados de Toledo o el Instituto de Medicina Legal tienen que acometer reformas urgentes.

Vox, en su afán por aglutinar las críticas en torno a la figura de Emiliano García-Page, ha puesto el foco en que la culpa de esta realidad la tiene el presidente regional, cuando las competencias, en realidad, residen en el Estado. La extrema derecha ha criticado que Castilla-La Mancha sea la segunda región del país con mayor tasa de congestión judicial, cuando estas responsabilidades no recaen en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Luis Blázquez, diputado regional por Vox en la provincia de Ciudad Real, ha asegurado que se trata de “otro capítulo más del abandono institucional” que “sufre Castilla-La Mancha bajo el Gobierno de Emiliano García-Page”. Resulta llamativo que un partido que aboga por que las competencias autonómicas se devuelvan al Estado y desaparezca el Estado de las Autonomías ni siquiera conozca cuáles son las competencias que quiere “devolver” a quien ya las tiene.

La tasa de saturación judicial se encuentra en el 3,94 en Castilla-La Mancha, solo superada por el 4,28 de la Región de Murcia, lo que evidencia la sobrecarga judicial en Castilla-La Mancha para la extrema derecha. Algo que implica el “colapso absoluto de la Justicia” según la ultraderecha y que refleja una administración “desbordada e incapaz de responder con agilidad para los españoles”.

De hecho, Vox ha llegado a proponer como solución un plan de choque inmediato para desatascar la justicia. El problema es que lo ha pedido a quien no tiene competencias al respecto, ya que el Estado es el órgano responsable de las competencias judiciales.

Blázquez se ha mostrado preocupado porque, según dice, “no podemos seguir siendo los peores de España en todo”, refiriéndose a la sanidad o educación, competencias que sí que tiene Castilla-La Mancha y en las que lidera la región es puntera sin la necesidad de subir los impuestos.

En los últimos 10 años se han contratado 12.000 profesionales sanitarios, se han construido 33 centros de salud o los hospitales de Toledo, Guadalajara, Cuenca y los próximos a terminar en Puertollano y Albacete. En educación se han incorporado 7.000 docentes, se está llevando a cabo una ley de gratuidad en la escuela de 0 a 3 años y se han mantenido escuelas rurales donde antes se cerraban. Sanidad y educación, ambas competencias que sí que pertenecen a Castilla-La Mancha y donde no suponen un retraso, como sí en la justicia.

Resulta llamativo que Vox no conozca las competencias de las comunidades autónomas a las que se presenta electoralmente, aunque lo que no sorprende tanto es que no conozca las labores de un gobierno regional, ya que, de hecho, la ultraderecha trata de acabar con el Estado de las Autonomías.