Al igual que el Ayuntamiento de Toledo, el de Talavera de la Reina ha aprobado regular el acceso a las dependencias municipales en los casos de uso de prendas que oculten de forma integral el rostro, como el burka o el niqab. La medida ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno, conformado por Partido Popular y Vox, y el rechazo del PSOE, consolidando así una mayoría que ha trasladado al ámbito local un debate de marcado carácter ideológico.
La regulación aprobada se ha limitado exclusivamente al acceso y uso de instalaciones municipales y no afectará a la vía pública. Entre los puntos acordados figura establecer como condición funcional de entrada la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de identidad en los trámites administrativos. Se considerará ocultación integral aquella producida por prendas que impidan total o sustancialmente la identificación facial, incluyendo de forma expresa el niqab, el burka u otros elementos similares.
El portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha defendido que la seguridad jurídica es un principio básico del Estado de Derecho y que se refuerza al exigir la identificación de las personas que realizan gestiones ante la administración local. En su intervención ha sostenido que no resulta razonable que lo que se exige a cualquier ciudadano no pueda aplicarse también a quienes visten este tipo de prendas, planteando la cuestión como un asunto de legalidad y funcionamiento administrativo.
Desde Vox, su portavoz municipal y líder a nivel de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha insistido en la importancia de garantizar la identificación visual en edificios públicos por razones de seguridad, prevención de suplantaciones y correcto funcionamiento de los servicios municipales. La propuesta establece que el rostro deberá permanecer visible con independencia de la motivación religiosa, cultural o personal de la prenda utilizada.
"Estrategia de confrontación ideológica"
Sin embargo, el debate en el pleno ha evidenciado que la iniciativa va más allá de una cuestión meramente técnica. Para la oposición socialista, la moción responde a una "estrategia de confrontación ideológica" que busca trasladar al ámbito municipal un discurso que no responde a una problemática real en Talavera. La concejala Montserrat Muro ha asegurado que ningún trabajador municipal ha manifestado que el uso de estas prendas suponga un obstáculo efectivo para la tramitación administrativa y ha reprochado al PP que respalde una propuesta que, a su juicio, pretende generar división.
El acuerdo incluye además la encomienda a los servicios jurídicos municipales para redactar un reglamento o norma interna que desarrolle esta regulación y garantice su correcta aplicación y publicidad. Se contemplan excepciones debidamente acreditadas por razones médicas, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral. Asimismo, se ha incorporado la prohibición de utilizar las piscinas municipales con ropa de calle o prendas que no sean propias del baño.
La decisión adoptada en Talavera se enmarca en un movimiento más amplio que ha tenido reflejo en otros ayuntamientos gobernados o condicionados por acuerdos con Vox. En este caso, el Partido Popular ha asumido en la práctica los planteamientos defendidos por la formación de extrema derecha, sumándose a una doctrina que vincula el uso del velo integral con problemas de seguridad y con una supuesta afectación a la dignidad de la mujer.
El respaldo del PP a esta moción ha consolidado una mayoría que ha permitido trasladar al reglamento municipal un debate que, hasta ahora, no había generado conflictos constatados en la ciudad. La discusión sobre el equilibrio entre competencias locales, derechos fundamentales y libertades individuales ha quedado instalada en la política talaverana, con un Gobierno municipal que ha optado por alinearse con las tesis de Vox en una cuestión especialmente sensible desde el punto de vista social y jurídico.
