Vox ha vuelto a situar el foco en el burka y el niqab apenas una semana después de que su propuesta para prohibir estas prendas en los espacios públicos decayese en el Congreso de los Diputados. Esta vez, el escenario elegido ha sido el Ayuntamiento de Toledo, donde el grupo municipal de la formación gobierna con el PP y defenderá este viernes una moción para prohibir el acceso y la permanencia en dependencias municipales a personas que oculten total o parcialmente el rostro, citando de forma expresa estas prendas islámicas. La iniciativa supone un nuevo intento de trasladar al ámbito local una batalla ideológica que no ha prosperado a nivel nacional.
La iniciativa llega después de que la proposición de ley registrada por Vox en la Cámara Baja no superara el trámite de toma en consideración. Aquella propuesta contó con el respaldo anunciado del Partido Popular, pero terminó frustrándose tras el rechazo de Junts. Lejos de rebajar el tono, la formación de Santiago Abascal ha optado por mantener vivo un debate identitario que le permite reforzar su perfil político, evidenciando una estrategia de confrontación constante en torno a símbolos religiosos y culturales.
En el texto que se debatirá en el Consistorio toledano, Vox sostiene que las dependencias municipales son espacios donde se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público y se gestionan datos personales, por lo que considera imprescindible la identificación visual del rostro. A su juicio, determinadas prendas que cubren total o parcialmente la cara impiden esa verificación y dificultan la prestación normal de los servicios públicos, planteando la cuestión como un "problema de seguridad y verificación de identidad" más que como una cuestión religiosa.
La moción define la ocultación integral del rostro como aquella producida por atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial, incluyendo, a título enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente. En consecuencia, establece que no se permitirá el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas que porten este tipo de vestimenta, con carácter general y con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa. Se trata de una prohibición de aplicación general que, aunque delimitada al ámbito municipal, incide directamente en derechos fundamentales sensibles.
Desde el punto de vista jurídico, Vox encuadra el acceso a edificios municipales dentro de lo que denomina una relación especial de sujeción con la administración local, defendiendo que el Ayuntamiento puede establecer condiciones objetivas y proporcionadas de acceso en ejercicio de su potestad de autoorganización y de policía administrativa. Según el grupo municipal, la medida perseguiría una finalidad legítima vinculada a la seguridad, la prevención de suplantaciones y el correcto funcionamiento del servicio público, apelando a la potestad de autoorganización municipal como base legal de la restricción.
El movimiento de Vox en Toledo también coloca al Partido Popular ante una nueva encrucijada. Tras haber mostrado su respaldo a la iniciativa en el Congreso, los populares deberán decidir ahora si mantienen esa línea en el ámbito municipal, donde gobiernan con Vox, o si optan por desmarcarse de una propuesta que puede tensionar la convivencia en una ciudad con un marcado carácter histórico y multicultural. La posición que adopte el PP será leída en clave política, especialmente en un contexto en el que la ultraderecha intenta marcar la agenda ideológica de la derecha institucional.
