El discurso del Partido Popular este miércoles sobre la falta de infraestructuras en Cuenca ha vuelto a escena con la visita del secretario general de los 'populares' a a ciudad, Miguel Tellado, junto al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quienes han dibujado una provincia olvidada por las administraciones. Sin embargo, ese relato irrumpe en un contexto en el que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha reforzado la inversión y reactivado proyectos abandonados por gobiernos del PP, y deja en segundo plano que el PP dejó paralizadas las muchas de las infraestructuras que hoy se han revindicado y que se han hecho realidad en estos diez últimos años de gobierno socialista.
Tanto Paco Núñez como el autoproclamado presidente provincial del PP, José Antonio Martín Buro, han reclamado más infraestructuras para Cuenca, obviando que durante los años de gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y Mariano Rajoy en España se produjo una etapa marcada por la paralización de inversiones en la provincia. El caso más representativo fue el del nuevo hospital de Cuenca, cuyas obras quedaron suspendidas en febrero de 2012 y no se retomaron hasta noviembre de 2015, ya con cambio de Ejecutivo autonómico. Un parón que no solo retrasó durante años una infraestructura esencial para la ciudad y su provincia, sino que además acabó costando seis millones de euros en indemnizaciones a la empresa adjudicataria.
Pero los recortes no se limitaron a esta infraestructura sanitaria. La provincia de Cuenca fue también la más afectada por el cierre de centros educativos rurales durante aquella etapa. En 2014 ya se contabilizaban 36 escuelas rurales clausuradas, en municipios como Fuentelespino de Haro, Torrejoncillo del Rey, Hontanaya o Puebla de Almenara, en una decisión que redujo servicios básicos y debilitó aún más el tejido de los pequeños pueblos.
En paralelo, la política de ajuste también afectó a infraestructuras esenciales como el agua y la depuración. En el conjunto de Castilla-La Mancha se llegaron a paralizar 157 depuradoras, dentro de un contexto de recorte en inversión pública que también golpeó a la red viaria. La inversión en carreteras se redujo en más de 100 millones de euros, pasando de 189 millones a 83,5 millones, un descenso que se tradujo en proyectos aplazados o abandonados. En la provincia de Cuenca, actuaciones como la depuradora de El Picazo o de San Clemente-El Provencio tuvieron que ser reactivadas años después, tras haber quedado detenidas.
Si se atiende a la responsabilidad del Gobierno central de Mariano Rajoy, el ejemplo más claro vuelve a situarse en la autovía A-40 hacia Teruel, una infraestructura clave para la vertebración del interior peninsular. Durante años, el proyecto permaneció atrapado en trámites administrativos, sin avances reales en su ejecución. No fue hasta 2019 cuando se retomó su tramitación, después de haber sido aparcado durante la etapa del PP en Moncloa. De hecho, la consignación presupuestaria para esta autovía llegó a ser meramente simbólica, con partidas de en torno a 100.000 euros, insuficientes para cualquier desarrollo efectivo de obra. Una dinámica que refleja con claridad lo ocurrido durante aquellos años, en los que la A-40 estuvo más presente en los documentos que sobre el terreno.
Este conjunto de decisiones llevó al propio Gobierno regional a hablar posteriormente de "recortes en diferido", en referencia al coste añadido que supuso paralizar infraestructuras que después hubo que retomar, muchas veces desde fases iniciales y con sobrecostes asociados. Un modelo que afectó especialmente a provincias como Cuenca, donde la combinación de menor inversión, cierre de servicios y ausencia de nuevos proyectos profundizó los problemas estructurales del territorio.
El basurero nuclear, la única infraestructura que intentó llevar Rajoy y Cospedal a Cuenca
A este escenario se suma el que ha sido uno de los episodios más controvertidos en materia de infraestructuras en la provincia: el intento de instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas. Se trató de la principal apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy en Cuenca, respaldada también por el Ejecutivo de Cospedal, que presentó el proyecto como una gran inversión para el territorio.
Sin embargo, lejos de generar consenso, el ATC provocó un rechazo social e institucional generalizado en Castilla-La Mancha. Colectivos ciudadanos, organizaciones ecologistas, ayuntamientos y el propio Gobierno autonómico tras el cambio político mostraron su oposición a una infraestructura que generaba dudas por su impacto ambiental, su idoneidad técnica y su encaje territorial. El proyecto acabó convirtiéndose en un foco de conflicto político y social en la región.
La llegada de Emiliano García-Page al Gobierno autonómico marcó un punto de inflexión, con una estrategia orientada a frenar el desarrollo del ATC mediante decisiones administrativas y medioambientales. Ese posicionamiento se vio reforzado posteriormente con el cambio de Gobierno en España, hasta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez terminó por descartar definitivamente la instalación en Villar de Cañas, cerrando así una etapa en la que la única gran inversión planteada por el PP para Cuenca había sido, precisamente, una infraestructura rechazada por buena parte de la sociedad.
Los bulos de Tellado sobre la despoblación
En este escenario, los dirigentes populares han defendido que un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo sí situaría a Cuenca en el centro de las inversiones. Un mensaje que contrasta con la experiencia reciente de la provincia durante los años en los que el PP tuvo responsabilidades de gobierno y en los que buena parte de las infraestructuras hoy reivindicadas quedaron paralizadas o sin ejecutar.
Por su parte, Miguel Tellado ha elevado el tono político al asegurar que Cuenca sufre el "lastre del socialismo", vinculando esta afirmación al problema demográfico. Una lectura que no solo ignora los datos actuales, sino que se aproxima directamente a un relato distorsionado de la realidad. En el último año, la provincia ha ganado 925 habitantes, alcanzando los 199.942 residentes, lo que supone un crecimiento del 0,47%, rompiendo con la tendencia de pérdida continuada de población.
Más allá de los datos, el discurso del dirigente popular pasa por alto el impacto que tuvieron las políticas aplicadas por su propio partido en etapas anteriores. Durante los gobiernos de Cospedal, se produjeron cierres de urgencias en el medio rural, clausura de escuelas y recortes en servicios públicos básicos que afectaron directamente a la calidad de vida en los pequeños municipios. Decisiones que, lejos de fijar población, contribuyeron a acelerar el desplazamiento hacia las ciudades y a debilitar aún más el tejido rural.
Más significativo resulta el comportamiento actual del medio rural. Los municipios de menos de 5.000 habitantes han sumado 1.390 nuevos residentes desde 2019, con un incremento del 1,42%, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional. Unos datos que apuntan a un cambio de tendencia y que se enmarcan en las políticas activas contra la despoblación impulsadas por el Ejecutivo autonómico, en contraste con una etapa anterior caracterizada por los recortes y la pérdida de servicios esenciales.
El paso de la cúpula del PP por Cuenca deja así un discurso centrado en las carencias actuales, pero que evita profundizar en las decisiones adoptadas durante sus años de gobierno, cuando muchas de las infraestructuras que hoy reclaman quedaron detenidas o sin desarrollo.
