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El Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado este martes el proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027, que asciende a 13.587 millones de euros, un 5,3% más que el ejercicio anterior. De esa cantidad, 8.412 millones estarán destinados a sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, para el Partido Popular, estas cuentas no servirán para mejorar la vida de los castellanomanchegos.
La crítica resulta difícil de separar de los antecedentes del propio PP en la región. Durante los cuatro años de Gobierno de María Dolores de Cospedal, entre 2011 y 2015, Castilla-La Mancha sufrió importantes recortes en los servicios públicos, precisamente en algunas de las áreas para las que ahora el Ejecutivo socialista anuncia más recursos.
La vicesecretaria general del PP regional, Tania Andicoberry, ha asegurado que "Page presume de tener dinero de sobra, pero los castellanomanchegos siguen esperando que ese dinero se traduzca en mejores servicios públicos, menos impuestos y más oportunidades".
Unas declaraciones que contrastan con las cifras presentadas por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que contemplan un incremento del 12,5% en las partidas sociales respecto a 2026. Estas políticas concentrarán el 72,3% del gasto no financiero previsto para el próximo año.
Los números que cuestiona el PP
El presupuesto sanitario alcanzará los 4.611 millones de euros, con un incremento del 14% respecto al ejercicio anterior. Educación dispondrá de 2.664 millones, un 10% más, mientras que los servicios sociales recibirán 1.136 millones, también con una subida cercana al 14%.
Las cuentas incluyen, además, 270 millones para políticas de vivienda y 2.776 millones destinados a impulsar la actividad económica y el empleo. La inversión prevista alcanza los 1.284 millones de euros.
Pese a ello, Andicoberry ha cuestionado que esos recursos sean suficientes y ha preguntado por qué Castilla-La Mancha continúa registrando cifras de pobreza cercanas al 34%, por qué persisten las listas de espera sanitarias o por qué sigue pendiente la recuperación de la carrera profesional de los profesionales sanitarios.
También ha reclamado más financiación para residencias de mayores, transporte escolar e infraestructuras, además de nuevas rebajas fiscales.
Se trata de problemas que siguen requiriendo respuestas del Gobierno regional. Sin embargo, reclamar más inversión en servicios públicos mientras se cuestiona un presupuesto que aumenta sustancialmente sus dotaciones obliga a recordar cómo actuó el PP cuando tuvo la responsabilidad de administrar esos mismos servicios.
Cuando Cospedal gobernaba: hasta un 30% menos para servicios públicos
Los datos de los cuatro presupuestos aprobados por María Dolores de Cospedal permiten comprobar hasta dónde llegaron los recortes del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Fue en 2014 cuando las tres grandes áreas sociales alcanzaron su menor financiación de aquella legislatura.
En sanidad, el Gobierno de Cospedal redujo el presupuesto de 2.692 millones en 2011 a 2.352 millones en 2014, un 12,6% menos. Aquellos recortes estuvieron acompañados de la pérdida de miles de profesionales sanitarios, las restricciones de las urgencias nocturnas en municipios rurales y los planes para privatizar la gestión de cuatro hospitales. Con Page, la partida alcanza los 4.058 millones en 2026 y llegará a los 4.611 millones en 2027, prácticamente el doble que en el peor año de Cospedal, con un incremento nominal del 96%.
En educación, los recortes fueron todavía mayores. El presupuesto pasó de 1.963 millones en 2011 a 1.419 millones en 2014, un 27,7% menos. Aquellos ajustes se tradujeron en el cierre anunciado de 61 escuelas rurales, 3.900 profesores interinos menos y el aumento de las horas lectivas del profesorado. Con Page, la inversión educativa se sitúa en 2.420 millones en 2026 y aumentará hasta los 2.664 millones en 2027, un 87,7% más que durante el peor ejercicio de Cospedal, en términos nominales.
Los servicios sociales tampoco escaparon de los recortes. Su presupuesto cayó de 893 millones en 2011 a 621 millones en 2014, un 30,5% menos. Durante aquella etapa se redujeron las ayudas a domicilio, la financiación de los servicios sociales municipales y los programas de atención a las familias más vulnerables. Con Page, esta partida ronda los 1.000 millones en 2026 y alcanzará los 1.136 millones en 2027, un 82,9% más que en el peor año del Gobierno del PP.
En conjunto, las tres grandes políticas sociales disponían de 4.392 millones de euros en 2014, frente a los 8.412 millones previstos para 2027. La diferencia supera los 4.000 millones y supone un incremento nominal del 91,5%. Una comparación que debe tener en cuenta los trece años transcurridos, la inflación y los posibles cambios en la clasificación presupuestaria, pero que permite dimensionar la magnitud de los recortes de entonces.
Ahora, el mismo partido que aplicó aquellas medidas cuestiona que los 8.412 millones destinados a sanidad, educación y servicios sociales por el Ejecutivo de García-Page sirvan realmente para mejorar la vida de los castellanomanchegos.
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