El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que la política española ha entrado en un ciclo judicial con efectos duraderos, una dinámica que, según ha señalado, va mucho más allá de una coyuntura política concreta y puede llegar a condicionar toda una época.
García-Page ha enmarcado esta reflexión en el contexto político abierto tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, unos comicios que, a su juicio, marcaron el final de un ciclo político. El presidente autonómico ha sostenido que, desde entonces, ya no puede hablarse de un ciclo de izquierdas, ya que la "suma de fuerzas políticas resultante es de derechas", una afirmación que ha reiterado al recordar que el equilibrio parlamentario surgido de aquellas elecciones alteró de forma sustancial el escenario político previo.
Desde Toledo y ante las preguntas sobre si España atraviesa un fin de ciclo, García-Page ha sido tajante al señalar que ese cierre ya se produjo con el resultado electoral, y que el debate actual se desarrolla en un terreno distinto. En este punto, ha diferenciado entre la aritmética parlamentaria y los acuerdos de gobierno, precisando que otra cuestión diferente es que el Ejecutivo central haya pactado con formaciones de derecha o "extrema derecha independentista", en referencia a la complejidad del actual mapa político.
El núcleo de su advertencia ha estado, no obstante, en la judicialización creciente de la vida política, un fenómeno que en los últimos años se ha intensificado y que se ha visto reforzado en los últimos meses. En este sentido, García-Page ha alertado de que España se encuentra expuesta a un ciclo judicial que no solo pone en riesgo la política cotidiana, sino que puede afectar a la estabilidad institucional y al clima democrático durante un periodo prolongado. “Un ciclo judicial que, de avanzar como parece, no pone en riesgo un ciclo político. Probablemente lo que puede poner en riesgo es toda una época”, ha remarcado.
Esta advertencia conecta con un contexto ampliamente reconocible, marcado por el traslado constante del debate político a los tribunales, la proliferación de causas judiciales ligadas a decisiones políticas y una estrategia de confrontación impulsada desde la derecha, especialmente por PP y Vox, que han encontrado en la vía judicial un instrumento para bloquear o desgastar al adversario ante la falta de mayorías claras en las urnas. Un escenario que, lejos de rebajar la tensión, ha contribuido a cronificarla.
En su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que desconoce "cuál será el final" de este proceso, aunque ha insistido en que sí tiene claro cuál fue el principio. A su juicio, la explicación de la situación actual no está en un desenlace inmediato, sino en los principios, en su ausencia o en su degradación como punto de partida de los problemas políticos que hoy afloran con fuerza en los juzgados.
