El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a situar el foco sobre el papel de Junts per Catalunya en la política nacional, después de que la semana pasada se consumara en el Congreso el rechazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales gracias al voto conjunto de PP, Vox y la formación independentista. Un bloqueo que ha puesto de manifiesto la sintonía de Junts con la derecha y la extrema derecha en decisiones que afectan directamente a millones de trabajadores.
Durante la presentación en Toledo del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, García-Page ha cargado contra la estrategia de chantaje parlamentario que los independentistas vienen practicando desde el inicio de la legislatura. El presidente autonómico ha advertido de que no se puede permitir que avances sociales de gran calado dependan de un partido que Page ha definido como “la calaña de la extrema derecha que significa Junts”.
En su intervención, ha recordado las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien la semana pasada advirtió que tiene límites y que “no va a entregar a su país” a cambio de votos. “Coincido en que para empezar a hablar con esa gente hay que tener muy claro cuáles son los límites del país y una determinación evidente de no vender España. Coincido y lamento que lo tenga que decir alguien del Gobierno”, ha remarcado el dirigente castellanomanchego.
Pide conocer lo que pidió Junts
Más allá de esta coincidencia, García-Page ha lanzado un mensaje de exigencia de transparencia. “Me gustaría escuchar qué cosas ha reclamado Junts en la negociación para la reducción de la jornada laboral que la vicepresidenta ha negado porque significaría vender España. Me gustaría que eso se supiera. No sea que se vuelvan a plantear”, ha señalado, abriendo la incógnita sobre las contrapartidas que los independentistas intentaron arrancar en este proceso.
La reflexión del presidente autonómico no es anecdótica. En los próximos meses se abrirá en el Congreso el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas que Page ha reconocido que “no sabe si saldrán o no saldrán adelante”. En ese marco, la posibilidad de que Junts vuelva a situarse como árbitro parlamentario preocupa a las comunidades autónomas, que tienen pendiente además la negociación de la financiación autonómica, un asunto de enorme trascendencia para regiones como Castilla-La Mancha.
“Lo que me interesa es dejar muy claro que el énfasis que pone la vicepresidenta en decir que ella no vende a España; en qué medida significa que está en venta. Si no para ella, para otros”, ha recalcado García-Page, subrayando así la necesidad de que se clarifiquen los límites de la negociación con fuerzas que, como Junts, han demostrado alinearse con las políticas de la derecha más conservadora cuando se trata de frenar avances sociales.
Con este nuevo aviso, García-Page vuelve a levantar la voz contra los excesos de Junts, que con su alianza coyuntural con PP y Vox ha dejado claro que sus prioridades no pasan por mejorar la vida de los trabajadores, sino por mantener su capacidad de presión política.
