La huelga de médicos que ha arrancado esta semana en toda España ha servido al presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, para criticar al Gobierno de Emiliano García-Page. El dirigente popular ha presentado el parón de los facultativos como la prueba definitiva de un “colapso sanitario” atribuido a Page, obviando que buena parte del malestar que arrastra el sistema público procede de los recortes implantados por el propio PP durante la etapa de Dolores de Cospedal, recortes que todavía hoy siguen sin revertirse del todo.

Mientras Núñez insiste en señalar a la Junta como única responsable, los sindicatos recuerdan que problemas estructurales como la carrera profesional o la precarización de las plantillas carrera profesional o la precarización de las plantillas tienen su origen en decisiones adoptadas hace más de una década, cuando el Partido Popular justificaba los ajustes por la crisis económica y calificaba de “inconvenientes” las huelgas del sector sanitario.

A partir de ahí, Núñez ha construido un relato en el que responsabiliza exclusivamente al Ejecutivo de García-Page del desgaste acumulado en hospitales y centros de salud, describiendo un panorama de saturación, falta de medios y ausencia de planificación estratégica. Sin embargo, evita detallar que muchas de las reivindicaciones que hoy encabeza el colectivo médico, como la recuperación plena de la carrera profesional, quedaron suspendidas bajo mandato del Partido Popular.

La huelga convocada por CESM se produce, además, en un contexto donde los profesionales advierten de que los ritmos de trabajo son cada vez más exigentes y los recursos siguen siendo insuficientes para atender la demanda asistencial creciente. Los sindicatos sostienen que la situación actual es el resultado de decisiones políticas acumuladas durante más de una década, entre las que se incluyen los recortes y la reducción de plantillas aplicados por el Gobierno de Cospedal, cuyo impacto continúa marcando la estructura sanitaria.

Mientras tanto, la Junta ha puesto en marcha un comité de seguimiento para controlar los paros, garantizar los servicios mínimos y evaluar el alcance real de la movilización. La Consejería de Sanidad insiste en que buena parte de las reivindicaciones planteadas está ya en proceso de negociación, aunque reconoce que el conflicto laboral evidencia desafíos estructurales que requieren soluciones de fondo.

La protesta de diciembre de 2025 se suma así a una larga secuencia de movilizaciones que han marcado la última década y media en el sistema sanitario castellano-manchego. Desde las huelgas de 2012 contra la llamada ‘Ley Cospedal’, pasando por las protestas de 2022 y 2025 vinculadas al Estatuto Marco, los paros médicos han sido un termómetro constante de las tensiones internas que arrastra la sanidad pública.

Sin embargo, pese a este recorrido histórico, el PP ha optado por centrar su discurso en la gestión actual y en amplificar el descontento profesional sin reconocer su propio legado en el deterioro de las condiciones laborales. Un contraste que los sindicatos recuerdan cada vez que vuelven a la calle: las raíces del problema no empiezan en 2015, ni en 2019, ni en el último presupuesto; se hunden en una etapa de austeridad extrema, diseñada desde el Gobierno autonómico popular y cuyas consecuencias siguen sin corregirse por completo.