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Castilla-La Mancha ha autorizado la firma de un convenio de 94,22 millones de euros para financiar la atención a la dependencia en 2026, sufragado a partes iguales por la Junta y el Gobierno de España. El acuerdo permitirá sostener los servicios y las prestaciones de un sistema que atiende a más de 83.000 personas en la región.
La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha explicado que el convenio corresponde al nivel acordado del Sistema de Atención a la Dependencia y ha destacado que su financiación se reparte a partes iguales entre ambas administraciones. Por su parte, el Gobierno de Emiliano García-Page destina este año 692,2 millones de euros al conjunto de la dependencia, una cifra que incluye otras vías de financiación además de este acuerdo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Padilla ha subrayado la importancia de garantizar la continuidad de los cuidados y los apoyos que necesitan las personas en situación de dependencia. El objetivo, ha señalado, es que puedan mantener su autonomía y recibir una atención adaptada a sus circunstancias.
"Las personas necesitan continuidad en sus cuidados", ha defendido la portavoz, que ha insistido en la necesidad de asegurar recursos suficientes y estables para sostener el sistema.
Reducir las listas de espera y mejorar los cuidados
El convenio establece tres grandes objetivos: reducir los tiempos de espera, mejorar la calidad de los servicios y avanzar en las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en la atención a la dependencia.
Para agilizar la tramitación de las prestaciones, el acuerdo contempla la simplificación de los procedimientos administrativos y la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión de los expedientes. Estas medidas pretenden facilitar el acceso a los recursos y reducir las demoras que todavía afrontan las personas que necesitan apoyos.
En cuanto a la calidad asistencial, Padilla ha destacado la importancia de avanzar hacia una atención personalizada que tenga en cuenta las necesidades y las preferencias de cada usuario. "Las necesidades, la voluntad y las preferencias de cada persona" deben orientar los apoyos, ha señalado.
Entre las actuaciones previstas figura la teleasistencia avanzada, que la portavoz ha definido como un derecho subjetivo. Este servicio permite realizar un seguimiento de las personas, prevenir posibles situaciones de riesgo y facilitar que puedan permanecer en sus domicilios durante más tiempo con mayor seguridad.
El acuerdo también incorpora actuaciones de investigación e innovación para desarrollar nuevas fórmulas de cuidado y mejorar la respuesta del sistema a las necesidades de las personas dependientes.
Otro de los ejes se centra en las condiciones laborales de quienes prestan estos servicios. La portavoz ha defendido que mejorar su situación repercute directamente en la atención que reciben los usuarios. Entre las medidas contempladas se encuentran la actualización de las cuantías destinadas al personal y el refuerzo de recursos como la ayuda a domicilio, considerada una pieza clave para mantener a las personas en su entorno habitual.
Además, el convenio incluye indicadores de evaluación para comprobar el cumplimiento de los compromisos y determinar si las actuaciones desarrolladas permiten alcanzar las mejoras previstas.
La ley para recuperar la carrera profesional sanitaria llega a las Cortes
En la misma comparecencia, Esther Padilla ha anunciado la remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha del proyecto de ley para reactivar la carrera profesional, la fidelización y la incentivación del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
El texto inicia su tramitación parlamentaria después de que el Consejo Consultivo haya emitido su dictamen sin plantear modificaciones esenciales. De esta forma, el proyecto se mantiene íntegramente en los términos en los que lo remitió el Gobierno regional.
"Han devuelto el informe sin ninguna modificación esencial y, por lo tanto, se mantiene el texto íntegramente, tal y como el Gobierno lo remitió para su consulta", ha explicado Padilla.
El Ejecutivo autonómico pretende que la norma quede aprobada en diciembre, antes de finalizar 2026. La iniciativa busca recuperar la carrera profesional sanitaria, suprimida durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP), y establecer mecanismos de fidelización e incentivación para el personal estatutario del SESCAM.
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