En 2015, miles de personas con derecho reconocido a recibir atención seguían esperando una respuesta. El sistema de dependencia de Castilla-La Mancha acumulaba 26.919 expedientes con el Programa Individual de Atención pendiente y fuera de plazo, mientras la red de cuidados afrontaba una etapa marcada por la reducción de recursos durante la legislatura de María Dolores de Cospedal.
La situación también quedaba reflejada en la valoración externa del sistema. Aquel año, Castilla-La Mancha obtuvo un 4,6 sobre 10 en el Observatorio Estatal de la Dependencia. La financiación autonómica había pasado de unos 500 millones de euros en 2011 a 372 millones en 2015, mientras la inversión regional destinada a residencias se había reducido en unos 100 millones. También había caído prácticamente a la mitad la aportación a la ayuda a domicilio y se habían reducido los recursos destinados a la teleasistencia.
Once años después, el sistema de dependencia de Castilla-La Mancha presenta una realidad muy distinta a la que encontró Emiliano García-Page al llegar al Gobierno regional. Hoy alcanza las 123.558 prestaciones y servicios activos y atiende diariamente a 82.648 personas. Desde 2015 se han incorporado más de 75.000 prestaciones y solo en los siete primeros meses de 2026 se han sumado más de 5.120 nuevas atenciones.
El cambio también aparece en los indicadores utilizados para evaluar la gestión del sistema. Castilla-La Mancha ha pasado de aquel 4,6 a 8,25 puntos sobre 10, la mayor puntuación obtenida por una comunidad autónoma en el último dictamen estatal, después de alcanzar la máxima valoración en 15 de los 20 criterios analizados.
De 26.919 expedientes pendientes a 1.397
La tramitación de los expedientes ofrece una de las diferencias más claras entre ambos momentos. En julio de 2015 había 26.919 expedientes con el Programa Individual de Atención pendiente y fuera de plazo. En junio de 2026 eran 1.397, lo que supone una reducción del 95%.
El tiempo de resolución también se encuentra por debajo de la media estatal. Castilla-La Mancha tarda actualmente alrededor de 166 días en resolver los expedientes, frente a los 325 días de media nacional según los últimos datos del Observatorio.
La distancia también se aprecia en el denominado 'limbo de la dependencia', que agrupa a las personas que tienen reconocido su derecho pero todavía no han comenzado a recibir la prestación correspondiente. En Castilla-La Mancha representa actualmente el 4,1%, frente al 8,3% del conjunto del país.
La reducción de las esperas se ha producido, además, mientras aumentaban los recursos destinados al sistema. El presupuesto específico para dependencia ha pasado de 372 millones de euros en 2015 a unos 692 millones en 2026, un incremento del 86%.
Más servicios y una red de cuidados más amplia
La evolución no se limita a la tramitación de los expedientes. También se ha ampliado la variedad y el alcance de los servicios disponibles para las personas dependientes y sus familias.
La teleasistencia llega actualmente a 35.067 personas, siete veces más que en 2015. La ayuda a domicilio alcanza a 15.402 beneficiarios y los servicios de promoción de la autonomía personal superan los 15.400 usuarios. A ellos se suman 12.549 personas que reciben prestaciones vinculadas a servicios y otras 4.355 atendidas en centros de día.
En el ámbito residencial, la red pública cuenta con 13.057 plazas para personas en situación de dependencia. La expansión del sistema también ha tenido su reflejo en el empleo: unas 28.014 personas trabajan en actividades relacionadas con la dependencia y más de 17.200 lo hacen en centros residenciales. Tres de cada cuatro empleos del sector son indefinidos.
El respaldo a las familias que asumen directamente los cuidados ha aumentado. El número de cuidadores no profesionales incorporados a la Seguridad Social se ha multiplicado por siete respecto a 2015.
Una evolución que también se distancia de la media nacional
La evolución de Castilla-La Mancha adquiere mayor dimensión cuando se compara con el resto de España. El último dictamen estatal otorga a la región 8,25 puntos sobre 10, frente a una media nacional situada en torno a los 4,8 puntos.
La segunda comunidad mejor valorada es Castilla y León, con 7,5 puntos, mientras que otras autonomías quedan a mucha mayor distancia. Extremadura obtiene 2,25 puntos y Ceuta y Melilla, 2,5. En total, solo seis comunidades alcanzan el aprobado en la evaluación estatal.
La comparación también resulta significativa en los tiempos de gestión. Castilla y León, segunda en la clasificación, presenta un plazo medio de resolución de 113 días, mientras Castilla-La Mancha se sitúa en 166. La región, no obstante, mantiene una tasa de personas con derecho reconocido que siguen esperando una prestación inferior a la media española.
El resultado adquiere especial relevancia al mirar hacia atrás. En 2015, Castilla-La Mancha partía de una valoración de 4,6 puntos y de una acumulación de expedientes que condicionaba la capacidad de respuesta del sistema. La situación actual muestra una estructura con mayor cobertura y una capacidad de gestión muy superior.
Más inversión social para sostener la atención
La evolución de la dependencia forma parte de un cambio más amplio en las políticas sociales de Castilla-La Mancha. El presupuesto de 2026 destina 7.555 millones de euros al conjunto de las políticas relacionadas con el bienestar y los servicios públicos fundamentales, más de 3.000 millones por encima de la cifra de 2015.
Los servicios sociales superan por primera vez los 1.000 millones de euros de presupuesto. El incremento alcanza a ámbitos como la atención a las personas mayores, la discapacidad, las familias vulnerables y la red de cuidados, junto con los recursos destinados específicamente al sistema de dependencia.
También se ha reforzado la atención desde el ámbito local. En 2026 se han movilizado 77,5 millones de euros para los servicios sociales desarrollados junto a los ayuntamientos, mientras los programas del Tercer Sector cuentan con otros 20,5 millones procedentes de la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades.
El aumento de los recursos permite entender la dimensión del cambio experimentado durante estos once años. La dependencia ha pasado de un escenario marcado por la acumulación de expedientes y la reducción de determinadas partidas a formar parte de una red social con mayor financiación, más servicios y una capacidad de atención mucho más amplia.
El reto de consolidar el cambio
La evolución no significa que hayan desaparecido las dificultades. Todavía existen personas que esperan una respuesta y margen para reducir los tiempos de tramitación, ampliar los servicios de proximidad y garantizar que el crecimiento de la red llegue de forma homogénea a todo el territorio.
Pero la comparación con 2015 deja una diferencia difícil de obviar. Castilla-La Mancha cuenta hoy con más del doble de prestaciones, ha reducido en un 95% los expedientes fuera de plazo y dispone de una financiación específica muy superior a la de entonces.
El balance de estos once años refleja una transformación profunda en la gestión de la dependencia y deja atrás un sistema que acumulaba miles de expedientes pendientes para dar paso a una red más extensa, con más personas atendidas y mayor capacidad de respuesta.
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