Los progresistas del CGPJ activan la negociación para cubrir las vacantes de la Sala Segunda

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de juzgar a los diputados y figuras del Gobierno aforadas, vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial. La renovación de sus vacantes, que ya ha enfrentado a los sectores progresista y conservador en anteriores ocasiones, obliga a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a negociar en un momento delicado para la Justicia, muy debilitada por su extremada politización.

Los progresistas, que se vieron obligados a ceder en la última negociación, son los que han dado el primer paso. Andrés Palomo, Ángel Hurtado, Miguel Colmenero y Juan Ramón Berdugo han abandonado sus responsabilidades en el Supremo y dejan varios sillones vacíos en la Sala de lo Penal, aquella que el Partido Popular (PP) presumió de controlar y que en los últimos tiempos se ha encargado de juicios como el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el caso Koldo.

Los nombramientos deben ser pactados entre progresistas y conservadores, dado que se requiere una mayoría cualificada dentro del Consejo, lo que se traduce en un mínimo de 13 votos. Pese a ser esta negociación y el nombramiento de nuevos miembros una obligación de los jueces, plazas como la de Colmenero lleva desierta desde 2023. Los conservadores se niegan a ceder espacio a los progresistas, a quienes consideran al servicio del Ejecutivo, con el que mantienen una confrontación directa.

La negociación comienza, por lo tanto, en un momento de una elevada fricción interna. Con esta tesitura, los mejores posicionados entre los casi treinta candidatos son Enrique López, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, José Ricardo de Prada o Eloy Velasco destacan entre los más de cuarenta candidatos. Del total, tan solo seis peticionarias son mujeres, pero cuentan con un gran expediente, especialmente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, la jueza de la Audiencia Nacional María Fernanda García Pérez y la actual jefa del Servicio de Inspección del CGPJ, Dolores Hernández Rueda.

Lucha en el Supremo

El Alto Tribunal viene siendo desde hace un tiempo, especialmente con sus últimas y polémicas decisiones, uno de los escenarios de pugna política. El PP no duda en instrumentalizar el Supremo continuamente y el PSOE carga habitualmente, con especial énfasis los perfiles más duros, contra algunos magistrados, a quienes acusan de estar haciendo política desde su atalaya. La muestra más reciente de esta lucha la está protagonizando la ley de nietos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal decidió la pasada semana atender las peticiones de Vox y Iustitia Europa y suspendió cautelarmente, hasta que dicte sentencia, el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la citada norma, así como las nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles. Un movimiento sorprendente, pues los comicios desde 2023 se han celebrado con este marco y, lejos de restar a la derecha, el PP ha sido el vencedor en este tipo de voto.

Sin embargo, el Supremo ha tomado esta decisión justo en un momento en el que las derechas están comenzado a difundir la tesis del amaño electoral por si volviesen a morir en la orilla, como sucediera en 2023 -si finalmente vencen y suman, el argumentario del pucherazo desaparecerá como si nada hubiese sucedido-. En este contexto, el Alto Tribunal ordenó a la Junta Electoral Central (JEC) que comunique a los encargados de los registros consulares que deberán verificar la vinculación con el exilio de las personas que hayan obtenido u obtengan a partir de ahora la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática.

Así, el Supremo obliga a la JEC a que requiera de inmediato sobre ese extremo a los encargados de los registros consulares, a los que encarga que "expidan certificación acreditativa" de que los beneficiados por la denominada 'ley de nietos' nacieron "fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela" originariamente españoles que sufrieron "exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual" y que "hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad".