La Feria de Ciudad Real se ha visto envuelta en la polémica tras la detección de varios puestos donde se han exhibido y puesto a la venta objetos con simbología fascista, desde bufandas con lemas franquistas hasta artículos que evocan directamente la dictadura de Francisco Franco. Un hecho que, más allá de la anécdota, plantea un grave problema social y político como es la normalización de la apología del fascismo en espacios públicos destinados al ocio y la convivencia ciudadana.

Según ha advertido el Partido Comunista de España (PCE) en Ciudad Real, estos artículos podrían estar incurriendo en un presunto delito tipificado por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que en su artículo 35 considera contrarios a la memoria democrática todos aquellos símbolos, insignias o menciones que exalten la sublevación militar de 1936, la dictadura franquista y a sus dirigentes. El texto legal, aprobado en 2022, obliga a retirar estos elementos tanto en edificios públicos como en espacios privados cuando tengan proyección pública.

El problema, sin embargo, no se limita a la mera legalidad. La exhibición de este tipo de materiales en ferias locales refleja un proceso de blanqueamiento del fascismo que, en los últimos años, ha encontrado espacio gracias a discursos políticos y mediáticos que relativizan o incluso justifican la dictadura franquista. La presencia de partidos como Vox en las instituciones y la ambigüedad del Partido Popular en cuestiones de memoria histórica han contribuido a crear un terreno fértil para que resurjan estos símbolos en actos públicos sin que, en ocasiones, se actúe con la contundencia necesaria.

Blanqueamiento del fascismo

El auge reaccionario y la banalización del fascismo suponen un riesgo evidente en un país que todavía arrastra las heridas de la guerra civil y de casi cuatro décadas de dictadura. La España franquista fue responsable de persecuciones, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas que afectaron a cientos de miles de ciudadanos. Recordar este pasado no es un capricho ideológico, sino un ejercicio de justicia democrática que impide que se repitan los errores del pasado.

El hecho de que en pleno 2025 sea posible comprar objetos de exaltación franquista en una feria municipal habla de una falta de control por parte de las instituciones. En este caso, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el Partido Popular, como responsable de la autorización de puestos y del desarrollo de la feria, está en el punto de mira. Desde el PCE se ha exigido que se tomen medidas inmediatas para retirar los materiales y sancionar a los responsables, recordando que la legislación es clara al respecto.

En un contexto donde las extremas derechas han logrado introducir en la agenda política discursos que relativizan la dictadura, la pasividad institucional puede convertirse en cómplice de esa normalización. Convertir la memoria democrática en papel mojado es, precisamente, uno de los objetivos de quienes buscan reescribir la historia para legitimar a los verdugos y silenciar a las víctimas.

No es un caso aislado

El caso de Ciudad Real no es aislado. Ferias, mercadillos e incluso plataformas digitales han servido en ocasiones de escaparate para este tipo de artículos. Sin embargo, que ocurra en un espacio municipal, con autorización pública y en el corazón de una ciudad, evidencia la necesidad de un mayor compromiso institucional con la defensa de la democracia y con la aplicación estricta de la Ley de Memoria.

El debate abierto por esta denuncia va más allá de la anécdota de unas bufandas: cuestiona hasta qué punto España está dispuesta a tolerar la apología de un régimen criminal en nombre de una falsa libertad de expresión. Frente a la indiferencia o el silencio, el riesgo es que se avance un paso más en la legitimación del fascismo bajo la apariencia de tradición o de mercancía inocua.