Castilla-La Mancha ha vuelto a situarse en cabeza en la ejecución de políticas públicas frente a la despoblación tras rehabilitar 1.009 viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, una actuación que ha beneficiado directamente a 3.450 personas y que ha movilizado cerca de 60 millones de euros. Se trata del resultado del desarrollo del programa PREE 5000, financiado con fondos europeos, en el que la comunidad autónoma ha concentrado uno de cada tres euros gestionados en todo el país.
Los datos los ha dado a conocer el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, durante su visita a Molina de Aragón, donde ha comprobado el avance de un proyecto de rehabilitación de vivienda pública destinado al alquiler asequible. Allí ha defendido que disponer de vivienda en condiciones es esencial para atraer población al medio rural, uno de los grandes retos de la comunidad autónoma.
En este sentido, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha puesto el foco en la recuperación de inmuebles ya existentes como fórmula para facilitar la llegada de nuevos vecinos. A esta estrategia se suma un programa pionero que ha permitido rehabilitar 11 viviendas en siete municipios especialmente afectados por la despoblación, con una inversión de 1,1 millones de euros. Todas ellas están actualmente ocupadas, con alquileres que no superan los 250 euros mensuales.
La política de vivienda se ha reforzado además con incentivos fiscales. Entre ellos, destacan deducciones de hasta el 15% en el tramo autonómico del IRPF para quienes compran o rehabilitan vivienda en zonas despobladas. A ello se añade una ayuda de 500 euros por traslado de residencia habitual, que en la última campaña de la renta ha beneficiado a 1.600 personas, lo que evidencia un movimiento real de población hacia estos municipios.
Más allá de la vivienda, el Gobierno regional ha insistido en la necesidad de que el futuro Plan Estatal de Vivienda tenga en cuenta las particularidades del medio rural. En concreto, ha reclamado una mayor flexibilidad para facilitar la rehabilitación de viviendas, tanto públicas como privadas, destinadas al alquiler asequible en zonas con baja densidad de población.
El Ejecutivo castellanomanchego ha reforzado su estrategia contra la despoblación con un enfoque transversal que combina vivienda, fiscalidad y servicios públicos, consolidando un modelo que empieza a ser observado por otras comunidades autónomas. El compromiso sostenido del Gobierno de García-Page con el reto demográfico ha situado a Castilla-La Mancha como referencia, especialmente en contraste con territorios como Castilla y León, donde la pérdida de población continúa siendo una constante.
De hecho, mientras la comunidad gobernada por Alfonso Fernández Mañueco sigue registrando una sangría demográfica en amplias zonas rurales, Castilla-La Mancha ha logrado revertir parcialmente la tendencia en determinados municipios gracias a políticas activas y continuadas en el tiempo. Un contraste que vuelve a evidenciar las diferencias en la gestión del territorio entre administraciones, con modelos que priorizan o relegan la inversión en el medio rural.
Rehabilitación en Molina de Aragón
Uno de los ejemplos de esta estrategia se encuentra en Molina de Aragón, donde se ha actuado sobre un edificio con once viviendas destinadas al alquiler. El inmueble ha sido objeto de dos intervenciones financiadas con fondos europeos: la instalación de ascensores y la mejora de la eficiencia energética mediante renovación de ventanas, aislamiento y sistemas de aerotermia. La inversión total ha superado los 600.000 euros.
Estas actuaciones han permitido mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir el consumo energético, al tiempo que se amplía la oferta de vivienda disponible en un municipio que ha logrado revertir parcialmente su tendencia demográfica. Desde la entrada en vigor de la Ley de medidas contra la Despoblación, Molina de Aragón ha registrado un saldo migratorio positivo de 141 personas.
Movilidad para fijar población
La estrategia contra la despoblación también se apoya en la mejora de los servicios públicos. En este contexto, el comisionado ha destacado la reciente puesta en marcha del Transporte Sensible a la Demanda en la comarca, un sistema que ya ha sido utilizado por más de 300 personas en apenas unas semanas.
Este servicio permite conectar municipios con menor densidad de población de forma flexible, adaptándose a las necesidades reales de los usuarios y facilitando el acceso a servicios básicos, empleo o actividades cotidianas. Se trata de una herramienta que complementa las políticas de vivienda y que busca consolidar la permanencia de población en el territorio.
Frente a este modelo de intervención pública sostenida, centrada en la rehabilitación, la fiscalidad y los servicios, el debate político vuelve a poner el foco en las prioridades de inversión en el medio rural, especialmente en un contexto en el que durante años las políticas de recorte aplicadas por el Partido Popular redujeron recursos y servicios en estas zonas, afectando a su capacidad de fijación de población.
