Durante años, hablar de despoblación en Castilla-La Mancha era hacerlo de un problema enquistado, casi inevitable, que avanzaba sin apenas resistencia en decenas de municipios rurales. Sin embargo, desde 2021 la tendencia ha empezado a cambiar de forma visible. La receta de Page contra la despoblación funciona, y lo hace con cifras que desmontan el discurso catastrofista de otras formaciones. En las 26 zonas rurales donde se aplica la estrategia regional, la población ha crecido en 4.672 personas, alimentada por un saldo migratorio positivo de 15.423 nuevos vecinos que, lejos de huir del entorno rural, lo eligen para construir allí su proyecto de vida. 

El Consejo Regional de Desarrollo Rural y Despoblación, reunido en Toledo y presidido por el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha cerrado el proceso de evaluación intermedia de la Estrategia contra la Despoblación 2021–2031, un análisis que confirma que se están cumpliendo los objetivos previstos. De las 210 actuaciones iniciales, el 96% ya está en ejecución y la media de desarrollo supera el 52%, cifras que contrastan con la ausencia de planificación real en autonomías gobernadas por el PP, donde los problemas demográficos continúan agravándose sin que existan medidas estructurales comparables.

Desde el punto de vista presupuestario, la Junta ha destinado 1.854 millones de euros entre 2022 y 2024, lo que supone un 140% de los fondos inicialmente previstos, que ascendían a 1.319 millones. Es decir, se han movilizado 535 millones adicionales para acelerar inversiones, reforzar servicios públicos y estimular el emprendimiento rural. O, en cifras más explícitas, cada día se han invertido 5 millones de euros en políticas para hacer frente a la despoblación. Todo ello frente al discurso de PP y Vox, que han llegado a cuestionar la eficiencia de estas medidas pese a disponer ahora de datos objetivos que las avalan.

El Consejo ha acordado introducir 50 modificaciones en la estrategia, con el fin de reorientar o refundir medidas y, sobre todo, incorporar 13 nuevas actuaciones que profundizan en ámbitos clave identificados durante la revisión. Entre estas destacan la creación de un bono de transporte rural que complemente al actual sistema de transporte sensible a la demanda, nuevas ayudas de tarifa plana para autónomos, y líneas de apoyo financiero a cooperativas pequeñas y sociedades laborales que prestan servicio en el medio rural.

La vivienda, uno de los ejes reforzados

La vivienda se convierte en otro de los ejes reforzados. El planteamiento pasa por diseñar un programa específico de vivienda rural, flexibilizar la normativa estatal para adaptarla a las particularidades de estos municipios y favorecer la salida al mercado de viviendas vacías no disponibles actualmente. Además, se prevé crear oficinas de gestión integral para propietarios, con servicios llave en mano destinados a dinamizar el parque inmobiliario.

El Consejo propondrá también aprobar el Estatuto de los Pequeños Municipios de Castilla-La Mancha, una herramienta normativa para flexibilizar procedimientos urbanísticos, facilitar la creación de puestos de trabajo públicos en los ayuntamientos y adaptar la legislación autonómica a la realidad de los municipios más pequeños. Todo ello acompañado del impulso a comunidades energéticas rurales, un instrumento de desarrollo que en regiones gobernadas por el PP ha encontrado trabas políticas por parte de Vox, que continúa rechazando la transición energética y la vertebración territorial que implica.

Con todas estas incorporaciones, la estrategia pasará de 210 a 216 medidas, lo que supone también un incremento presupuestario hasta 3.347 millones de euros, 25 millones más de lo previsto inicialmente.