Castilla-La Mancha ha reforzado su compromiso con los servicios sociales de proximidad mediante una nueva convocatoria de subvenciones dotada con más de 17 millones de euros, destinada a que las personas mayores puedan seguir viviendo con calidad de vida en sus municipios, especialmente en el entorno rural. Frente a los recortes y privatizaciones que otros defienden, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha apostado por una red pública de cuidados que llegue a todos los rincones de la región.
Esta línea de ayudas, aprobada por el Consejo de Gobierno, irá dirigida a entidades locales, mancomunidades y agrupaciones de municipios, y tendrá dos líneas diferenciadas de financiación. La primera, con 11,2 millones de euros, servirá para el mantenimiento de plazas en residencias, centros de día y centros de noche. La segunda, con 5,9 millones, estará dedicada a programas que fomenten la autonomía personal y el envejecimiento activo, así como a gastos de personal y mantenimiento en viviendas o centros de mayores.
Frente a las propuestas de la derecha, que siempre han tratado de reducir el Estado del Bienestar a su mínima expresión, el Gobierno regional ha demostrado con hechos que hay otra forma de gobernar: cercana, solidaria y basada en el derecho de las personas mayores a envejecer con dignidad, independientemente de su código postal.
Esther Padilla, portavoz del Gobierno autonómico, ha subrayado que esta inversión supone un impacto directo en la lucha contra la despoblación, al permitir que las personas mayores no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por falta de recursos. "No hay mejor antídoto contra la despoblación que un sistema público de servicios sociales cercano, humano y eficaz", ha afirmado.
Más de 900 plazas y casi un centenar de programas subvencionados solo en 2024
Padilla ha recordado que solo en el año 2024, esta línea de ayudas ha permitido financiar más de 900 plazas en residencias, 150 en viviendas de mayores, 565 en centros de día y 97 programas municipales de atención directa. Estas cifras no son solo números: representan cuidados, compañía, asistencia sanitaria y una vida digna para cientos de personas mayores que, sin este apoyo, quedarían desatendidas en muchos casos.
Una vez más, se constata que mientras el Partido Popular continúa defendiendo fórmulas alejadas de la realidad social de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional trabaja con rigor y planificación para garantizar que ninguna persona mayor quede desamparada.
2,5 millones más para los centros de día de Ciudad Real
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado dos nuevos contratos que permitirán mantener la prestación de servicios sociales en los centros de día de Ciudad Real, ubicados en las calles Gregorio Marañón y Refugio. En total, se invertirán 2,5 millones de euros durante los próximos tres años, un paso más en el objetivo de garantizar una atención pública de calidad también en entornos urbanos.
El centro de Gregorio Marañón, con 30 plazas, contará con un presupuesto de 1.226.000 euros, mientras que el centro de la calle Refugio, con 40 plazas, dispondrá de 1.269.000 euros. Ambos ofrecen atención especializada con servicios como terapia ocupacional, fisioterapia, personal auxiliar sociosanitario y transporte adaptado.
Diez años de gestión frente a los recortes del pasado
Esther Padilla ha aprovechado para recordar que estas actuaciones son fruto de una década de gobierno socialista comprometido con los servicios públicos. Desde la llegada de Emiliano García-Page a la presidencia en 2015, el presupuesto en Bienestar Social ha aumentado un 50%, hasta superar los 912 millones de euros en el último ejercicio.
En total, Castilla-La Mancha ha invertido 8.600 millones de euros en políticas sociales en los últimos diez años, lo que supone 2,5 millones de euros diarios. Esta inversión ha permitido consolidar una red de cuidados extensa y equitativa, en contraposición a las etapas anteriores, marcadas por los recortes impulsados por el Partido Popular, que dejó a muchas familias sin recursos asistenciales básicos.
Lejos de apostar por una política de confrontación o de titulares vacíos, el Ejecutivo autonómico ha dado pasos firmes para blindar los derechos sociales de las personas mayores, especialmente aquellas que viven en entornos más vulnerables. Frente a los intentos de otros partidos de utilizar los servicios sociales como moneda electoral, Castilla-La Mancha ha demostrado que el bienestar se construye con planificación, financiación y voluntad política.
