El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desmontado este jueves la propuesta de rebaja fiscal que el Partido Popular ha llevado una vez más al pleno de las Cortes regionales. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha rechazado frontalmente la iniciativa, al considerar que “no está pensada para la ciudadanía en su conjunto, sino para ese reducido 2% que tiene más capacidad económica”. 

Ruiz Molina ha criticado el intento del presidente regional del PP, Paco Núñez, de presentar la bajada de impuestos como una medida de alivio generalizado. “Ya viene Paco con las rebajas”, ha ironizado el consejero, recordando que estas propuestas esconden una realidad bien conocida. “Las rebajas de hoy son los recortes de mañana”. El titular de Hacienda ha advertido de que el planteamiento del PP no solo implicaría un agujero en las cuentas públicas, sino que, además, generaría una injusticia fiscal al beneficiar únicamente a quienes más patrimonio acumulan.

El PP pretende eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones

El debate se ha centrado especialmente en la propuesta de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, una medida que Ruiz Molina ha calificado de populista. Según ha explicado, esta bonificación, que el PP pretende elevar al 99%, afectaría únicamente al 2% de los contribuyentes, pero provocaría un impacto negativo para más de 65.000 personas que se benefician de servicios financiados con esos recursos. Frente a esa lógica, el consejero ha hecho un firme alegato en defensa del sistema fiscal como herramienta para redistribuir la riqueza y sostener las políticas públicas.

Ruiz Molina también ha recordado que, a diferencia de lo que hizo el Gobierno del PP con María Dolores de Cospedal, la Junta no ha modificado las tablas autonómicas del IRPF desde 2015, y ha mantenido una presión fiscal estable. Además, ha acusado a los populares de mentir a la ciudadanía, pues allí donde gobiernan –como en Talavera, Guadalajara, Toledo o Ciudad Real– han acabado subiendo impuestos, contradiciendo su discurso de supuesta bajada fiscal.

En nombre del PP, el viceportavoz adjunto, Santiago Serrano, ha insistido en que existe una “asfixia fiscal” en Castilla-La Mancha y ha defendido una política de reducción impositiva en línea con la de comunidades como Madrid o Andalucía. El propio Paco Núñez ha intervenido para prometer que si el PSOE no aprueba su propuesta, será él quien la ponga en marcha dentro de dos años, cuando tiene previsto gobernar.

Impuestos congelados sin debilitar el estado del bienestar

Sin embargo, desde las filas socialistas la respuesta ha sido clara. La diputada Silvia Fernández ha subrayado que “el Gobierno regional ha congelado impuestos y ha apostado por impulsar la economía y el empleo sin debilitar el estado del bienestar”. Ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades que, pese a la crisis inflacionaria y la ralentización del crecimiento, ha mantenido sus servicios públicos sin retrocesos.

Por su parte, Vox ha optado por criticar tanto al PSOE como al PP, proponiendo recortes en el gasto político y denunciando, sin aportar datos, una supuesta “quiebra técnica” de la región.

Frente a la propaganda de rebajas fiscales del PP, el Ejecutivo regional ha dejado claro su compromiso con una fiscalidad progresiva que no abandona a la mayoría para beneficiar a unos pocos. Una defensa clara de la justicia social y de unos servicios públicos que, lejos de ser un lujo, son un derecho que no debe ponerse en riesgo para complacer a las rentas más altas.

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