La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha expuesto este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las “líneas maestras” del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se prevé aprobar a finales de diciembre y por el que se repartirán los 7.000 millones de euros que lo dotan de financiación.
De estos 7.000 millones, el 40% se destinará para “incrementar la oferta del parque público”, un 30% para programas de rehabilitación de vivienda con estándares de eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad, y otro 30% para ayudas que den respuesta a problemas “emergentes” y que “no pueden esperar” a los ritmos de construcción. Estos problemas son dos, principalmente: que los jóvenes puedan emanciparse y que las familias destinen como máximo el 30% de sus ingresos a la vivienda.
El Estado asumirá el 60% de la inversión y el 40% recaerá en las comunidades autónomas, un reparto que Rodríguez ha calificado como “coherente” con el reparto de competencias de la Constitución. Y al respecto ha querido recordar que la dotación de 7.000 millones de euros supone triplicar el presupuesto destinado a vivienda.
Las líneas generales del Plan son más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Desde la formalización de la empresa estatal de vivienda, la apuesta por la rehabilitación, los fondos Next Generation e industrialización; al freno de los pisos turísticos y la extensión de las zonas tensionadas. A ello hay que sumar las ayudas a colectivos con más dificultades de acceso, como jóvenes y vulnerables.
El plan tiene cinco objetivos principales: más vivienda, impulsando la construcción y adquisición de vivienda pública; mejor vivienda, rehabilitando para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; reducir la edad de emancipación, con líneas específicas de apoyo a jóvenes; rebajar la tasa de esfuerzo, favoreciendo el acceso en condiciones asequibles; y reversión de áreas con más dificultades en vivienda.
Construcción de vivienda protegida
Isabel Rodríguez ha destacado que la inversión pública durante este año ha permitido que la construcción de vivienda protegida haya aumentado un 60%, frente al 13% de la vivienda libre. “Me estoy refiriendo a todas las administraciones públicas, especialmente a las comunidades autónomas que mantienen las competencias exclusivas y también a los ayuntamientos que pueden acelerar la construcción de este parque público, agilizando, por ejemplo, la tramitación administrativa de las licencias de obra”, ha explicado.
En este sentido, el plan busca recuperar las ayudas a la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) y blindar la protección permanente de éstas. Además se prevé impulsar la promoción de vivienda de alquiler asequible, la movilización de vivienda vacía o la industrialización.
Rehabilitación para una mejor vivienda
El 30% de la financiación del plan estará destinado a mejorar la vivienda, invirtiendo en programas de rehabilitación y regeneración urbana con ayudas específicas para viviendas, edificios y entornos urbanos.
En este sentido, la ministra de Vivienda ha subrayado que el parque de vivienda actual es “antiguo” y requiere rehabilitación para mejorar su eficiencia energética y accesibilidad. “Los problemas en el acceso a la vivienda generan también problemas en el desarrollo de nuestras ciudades. El problema de los pisos turísticos refleja como las ciudades pierden el alma, pierden a los vecinos, pierden su cuidado y nosotros reivindicamos las casas para vivir y los barrios para sus vecinos”, ha enfatizado de la misma forma.
Porque las claves en esta cuestión son la de dignificar las viviendas que ya existen, mejorar la eficiencia y accesibilidad, combatir la emergencia climática, construir barrios más habitables y promover ayudas para rehabilitar
Ayudas para jóvenes y reducir la edad de emancipación
Por último, la tercera parte del plan, con el 30% de la financiación, es lo relativo a las ayudas concretas que necesitan una respuesta rápida. Así, destaca la ayuda de 30.000 euros al alquiler con opción a compra de vivienda protegida para jóvenes, anunciado por Pedro Sánchez este lunes.
“Tenemos una emergencia de atender a la juventud española en su edad de emancipación. No atenderla ahora es frustrar planes vitales, profesionales, personales, de maternidad”, ha subrayado Rodríguez. A la par, ha destacado el esfuerzo que hacen las familias españolas para pagar su vivienda, que llega a superar en muchos casos la recomendación de que represente como máximo el 30% de los ingresos.
Además de las ayudas al alquiler y las ayudas al alquiler con opción a compra, se contemplan ayudas a la compra en zonas en riesgo demográfico y el aval joven para el alquiler de vivienda.
De la misma forma, permanecen las ayudas al alquiler general, las ayudas de emergencia frente a situaciones de vulnerabilidad y la garantía de asequibilidad, que el esfuerzo siempre esté por debajo del 30%.
Con todo ello, el Gobierno espera que este Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sea aprobado por el Consejo de Ministros en la segunda quincena del mes de diciembre. Ya en la segunda quincena de este mes de septiembre se empieza a trabajar con las comunidades autónomas.
