El independentismo de base ha decidido volver a empezar. Distanciados de los partidos e incluso de las entidades tradicionales del movimiento, los impulsores de la Primera Conferencia Nacional por el Estado propio han convocado la segunda edición, once años después del primer toque de corneta. En este periodo, la decepción por el fracaso del otoño de 2017y el desconcierto creado por la política oficial dirigida por ERC y Junts, bendecida por algún tiempo por la CUP, la ANC y Òmnium, han mantenido en silencio a este grupo iniciático entre el que figuran dos de los cuatro fundadores de la Assemblea Nacional Catalana, Miquel Sellarés y Pere Pugès. La gran apuesta de este Moviment per la Independència es la lista cívica, como alternativa a las candidaturas de los partidos y como detonante imparable de una verdadera declaración unilateral de independencia.

Los partidos han sido vistos siempre por este movimiento de la base como un problema para alcanzar la independencia. Desde la fundación de la ANC, se consideró a ERC y Junts como el eslabón débil de la movilización; el paso del tiempo y el colapso del Procés no han hecho sino reforzarles en su opinión y, finalmente, en la hoja de ruta de la Segunda Conferencia Nacional por el Estado Propio, se aboga abiertamente por la sustitución cívica de las candidaturas partidistas. A pesar de ello, reconocen que estos partidos tienen una misión esencial: retener el poder autonómico con su unidad parlamentaria para facilitar la eventual transición a la república. El grupo impulsor de la nueva conferencia, unas 300 personas, desconfían también de la actual ANC, que, por su parte, tiene convocada su propia Conferencia Nacional por la Independencia.

El grupo se puso manos a la obra a finales del pasado año, redactando una hoja de ruta que se mantuvo en la discreción de un reducido circulo. Hace unas semanas, comenzaron a publicar diversos comunicados sobre la evolución de dicha hoja de ruta y, según han hecho saber, la conferencia solo se celebrará a inicios de 2023 de superar las 1.500 adhesiones, una cifra moderada, de confirmarse que actualmente superan las 700. El gran beneficiado de esta iniciativa de llegar a buen puerto sería Carles Puigdemont, al que reconocen su condición de presidente legítimo y del que suspiran por un pronto retorno al Palau de la Generalitat.

La hoja de ruta es especialmente crítica con ERC y algo menos con Junts, con quien comparten su escasa fe en la Mesa de Negociación, a la que solo aplaudirían de aprobar un referéndum de autodeterminación. Lógicamente, la lista cívica debe ser el resultado de la unidad del movimiento, un desiderátum que teóricamente comparten todos los actores soberanistas, incluidos ERC y Junts que la dinamitaron recientemente. También apuestan, como hace Junts, por la colaboración de todos los grupos independentistas en el Congreso de los Diputados.

El gran miedo del universo independentista es que el acercamiento de ERC al PSC vaya más rápido de lo que las declaraciones de los dirigentes republicanos aseguran. El secretario general de Junts, Jordi Turull, dejó clara su sospecha en este sentido, advirtiendo que de confirmarse que la negociación presupuestaria entre republicanos y socialistas ya está en marcha, ellos “pararán máquinas” y romperán (de nuevo) las relaciones. Para tranquilizar a la parroquia, cada día sale a la palestra un dirigente de ERC para repetir que su prioridad para aprobar los presupuestos es el pacto con Junts, con los comunes y con la CUP, de bajarse los antisistema de la montaña de la oposición radical contra Pere Aragonés.