La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, publicó un mensaje este sábado, en su cuenta oficial de Twitter, para corroborar el argumento que dio durante su entrevista en La Sexta Noche sobre el número de personas fallecidas por coronavirus en las residencias de mayores de la región.

La líder autonómica aseguró al periodista Iñaki López que les enviaría los datos para que comprobaran las cifras reales sobre la gestión sanitaria y la política económica en Madrid.

Ayuso ha tratado de sacar pecho del trabajo de su gobierno, mostrando unas gráficas en las que aparecen los datos de defunciones por personas hospitalizadas en Madrid desde septiembre de 2020 a abril de 2021, obviando la primera ola de la pandemia, dónde el Ejecutivo regional ya gestionaba las residencias y los hospitales.

La candidata del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo muestra una cifra de defunciones por hospitalizado del 12,2%, la más baja de España, según la gráfica elaborada con la fuente del Ministerio de Sanidad. Un dato que no ha incluido los 9.479 fallecidos que la Consejería de Sanidad registró entre los meses de marzo y abril, tal y como refleja el informe regional del pasado 1 de septiembre de 2020.

La Comunidad de Madrid encabeza el ranking de comunidades autónomas con exceso del número de fallecidos por coronavirus de residentes. Tal y como recoge el análisis de la doctora en Epidemiología de la Universidad de Montreal. María Victoria Zunzunegui, publicado en la web Envejecimiento en red, Madrid presenta el 52,9% de exceso de muertes.

En total, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no registró la muerte de más de 2.500 residentes que terminaron falleciendo en los hospitales de la Comunidad de Madrid tras ser trasladados por sus centros de origen.

El mismo informe de la profesora de la Universidad de Montreal señala que la Comunidad de Madrid fue la encargada de gestionar las residencias de mayores de la región desde la primera ola de la pandemia. Algo que le obligaba a medicalizar las residencias tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque el Gobierno regional terminó haciendo caso omiso a tal resolución.