La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado a los ayuntamientos de la ciudad la posibilidad de topar el precio de la vivienda. Así lol ha denunciado el PSOE de la región, que ha propuesto en la comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid que los consistorios puedan declarar zonas tensionadas con el objetivo de aliviar los precios del alquiler en los municipios, algo sobre lo que los ‘populares’ han votado en contra.
En concreto, la formación socialista ha presentado en las últimas horas esta propuesta a cuenta de que las localidades de Madrid que tengan problemas con el acceso a la vivienda en alquiler puedan manifestar su voluntad de adherirse a la reciente iniciativa mediante los acuerdos plenarios pertinentes, encontrándose con la negativa ‘popular’.
"Bofetada" de Ayuso al derecho a la vivienda
El PSOE-M ha acusado de “sectarismo” a su contrincante político al considerar una “bofetada” al Gobierno Central la contestación dada desde Sol. Los socialistas han replicado al equipo de Ayuso que “no es el momento de las excusas”, sino de “aplicar los beneficios que la ley otorga a la ciudadanía”. Con ello, evidencia que “no es justo que sean los madrileños y las madrileñas quienes tengan que pagar el sectarismo del PP de Ayuso (…)” y piden “altura de miras” al partido del gobierno regional.
Maite Mellado Suela, vicepresidenta de la Comisión de Trabajo Sectorial de Urbanismo y Vivienda de la FMM y a su vez concejala de Urbanismo de Getafe, apuntalaba en declaraciones a los medios de comunicación que dicha comisión “debe estar pegada a la solución de los vecinos de los municipios en materia de vivienda” y que, sin embargo, “sirvió para que el PP volviera a poner por delante una postura insumisa frente al derecho a la vivienda”.
“El PP votó en contra de la propuesta socialista para impulsar y promover la adhesión de los municipios de la Comunidad de Madrid, presentar un proyecto regulador de la ley del procedimiento a seguir para que se declaren zonas tensionadas en los términos de la Ley de Vivienda”, lamentan las fuentes socialistas. Estas mismas fuentes explican que el mecanismo que pretendían buscaba “limitar temporalmente el incremento de los precios de alquiler a las localidades que sufren esta situación y con ello corregir y dar solución a la segunda preocupación de los españoles”.
La presidenta de Madrid no aplicará la Ley de Vivienda
Madrid se ha opuesto una y otra vez a la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno Central, y es que en lo que incide la lideresa regional es algo en lo que lleva haciendo hincapié desde antes de abril de este año, cuando los municipios ya pedían poder declarar zonas tensionadas.
Por aquel entonces, la lideresa autonómica ya decía en las sesiones plenarias que ella “no está para tensionar absolutamente nada” y se refugiaba en que “la única que ha aplicado esa reforma es Cataluña y se ha hundido en la oferta”.
Durante todo este tiempo también ha defendido el Plan Vive, que ha demostrado tener enormes deficiencias y estar pensado en última instancia para rentas altas. En estas, Ayuso siempre ha asumido que la normativa estatal “multiplica los pisos turísticos” porque a los propietarios les da “pavor” y piensan que les van a “intervenir” las viviendas. Mientras tanto, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuenta que va a blindar estos inmuebles.
En concreto, durante el debate del estado de la ciudad de esta semana, el regidor madrileño hacía hincapié en que su equipo no iba a seguir la estela del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien en las últimas semanas anunciaba la prohibición de las viviendas de uso turístico. A la vez que acusa a su homólogo en la Ciudad Condal de “turismofobia”, Almeida descarta prohibir esta “realidad económica” que se da en las grandes ciudades, amparándose en que supone el 30% del turismo. “¿Cómo vamos a suplir esa falta de ingresos y rendimiento económico?”, preguntaba a la oposición, destacando que él “no piensa renunciar a esos ingresos”
Las medidas que por el momento ha tomado el Ejecutivo local contra lo que para muchos vecinos supone un auténtico problema pasan por parar la concesión de nuevas licencias o elevar las multas a los cerca de 15.000 pisos -siempre según cálculos municipales- que se están saltando la ley. Sobre esto, el alcalde ha anunciado la primera multa de 60.000 euros contra una VUT ilegal que ha continuado llevando a cabo su actividad a pesar de la orden de cese decretada desde el área de Urbanismo.
