El PP de Madrid continúa con su doble vara de medir y dice sí a una comisión de investigación por la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mientras da el portazo a otras que tienen que ver con sus familiares o las residencias de mayores.
El grupo popular en la Asamblea no ha tardado en anunciar que registrará una comisión en esta línea para “determinar las responsabilidades políticas que hubiese en las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento de los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)”. Así lo dicta un comunicado enviado a los medios por parte de Sol. Si bien es cierto que la moción no lo menciona por su nombre, el motivo es el que es: la contratación de la esposa del líder del Ejecutivo para dirigir un máster.
El partido conservador sostiene que “diversas informaciones periodísticas” señalan esas “presuntas irregularidades” y un presunto “trato de favor”. Los de Ayuso consideran asimismo que la Cámara regional tiene competencias dado que las presuntas irregularidades “minan el prestigio de la universidad”,
Hay que destacar que la derecha tiene el control sobre la mesa del Legislativo regional, que rechaza constantemente solicitudes de comparecencia e iniciativas de la oposición, y no pocas. De este modo, el equipo autonómico ha bloqueado también lo relativo al trato de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, con la prensa; u otros textos que tienen que ver con la condena a Israel por la masacre perpetrada en la Franja de Gaza. Pero el modus operandi es el mismo frente a las explicaciones solicitadas por la oposición acerca de la contratación de material sanitario en pandemia y sus familiares o por su gestión en las residencias de mayores.
Doble rasero
Un ejemplo claro de las intenciones del PP de Ayuso es que el pasado mes de marzo se oponía por octava vez desde junio de 2021 a que la Asamblea intentara poner pie en pared de una manera formal contra el drama de las residencias de mayores durante lo peor del Covid y los conocidos como protocolos de la vergüenza, que provocaron la no derivación de pacientes a hospitales. Asimismo, evitaba el debate sobre cómo mejorar el funcionamiento de estas instituciones.
Por aquel entonces, los populares se sumaron a Vox para rechazarla creación de una comisión de estudio sobre los centros propuesta por el PSOE. Previamente, tan solo una semana antes, la derecha había vetado un pleno monográfico para la misma cuestión solicitada en su caso por Más Madrid. Y antes de eso, en la anterior legislatura el PP se opuso hasta en cuatro ocasiones a abrir una comisión de estudio que propuso la formación entonces de Mónica García, y a otra similar incluso de Vox que la ultraderecha terminó retirando por su presión. Hasta entones la única excepción fue la comisión de investigación que salió adelante en la legislatura comprendida entre 2019 y 2021, cuando los populares dependían de Vox y Ciudadanos, pero nunca resultó fructífera habida cuenta de que fue disuelta por el adelanto electoral.
En la misma línea, y por poner solo un ejemplo, Más Madrid registraba el mismo mes en la Asamblea regional una comisión para investigar el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, imputado por dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental. La iniciativa disfrutó del apoyo del PSOE, pero esto es insuficiente, ya que para aprobarse tiene que contar con el visto bueno de la Mesa, donde el PP tiene mayoría y que ya había utilizado a su favor para tumbar propuestas similares relacionadas con las comisiones por la compraventa de material sanitario durante la pandemia.
Manteniendo esta senda, el PP ha vetado la comparecencia en el mismo espacio del responsable de prensa de Ayuso, al que la oposición quería preguntar acerca de sus amenazas a periodistas y medios de comunicación y los bulos vertidos sobre los compañeros de profesión. Cabe destacar que MAR dijo que informadores habían acudido a la vivienda de la baronesa encapuchados; algo que resultó ser rotundamente falso.
Asimismo, los populares rechazaron también que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, compareciera para detallar contratos con la sanidad privada bajo la justificación de que “no es un alto cargo”. En igualdad de condiciones podría haber defendido la formación que Rodríguez no compareciera, pero en este caso, aunque sí lo es según la propia página web del Ejecutivo autonómico, no tiene funciones “ejecutivas” sino de asesoramiento. Por lo tanto, ampararon, no procedía que diera explicaciones.