Al mismo tiempo en el que se ha celebrado el sorteo de la Lotería de la Navidad, la Asamblea de Madrid ha llevado a cabo un pleno de gran importancia política este viernes. Aparte de la aprobación de los Presupuestos regionales, el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso ha avanzado aprovechando su mayoría absoluta en tres controvertidas normativas. Estas incluyen las reformas de las leyes autonómicas Trans y LGTBI, con un gran retroceso en materia de derechos para este colectivo, se presenta una ley ómnibus, denominada como "ley de eficacia", con la intención de fortalecer el control de Sol sobre Telemadrid, el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas.

Sin duda, el punto que más polémica ha causado es el de la derogación parcial de las leyes Trans y LGTBI. El Partido Popular sostiene que se trata simplemente de una "modificación" de las normativas autonómicas consensuadas en 2016, tras escuchar a "expertos y asociaciones". Eso sí, sin contar con asociaciones y colectivos LGTB a los que han negado reuniones. Por ejemplo, COGAM solicitó una reunión el pasado 2 de octubre y a 22 de diciembre, el mismo día que se aprueba la reforma, no ha habido respuesta.

A los que sí ha escuchado el PP es a la Agrupación Amanda, que centra su atención en un tema minoritario: los "desistidores". ¿Qué quiere decir ese término? Personas que han realizado la transición y luego, tal y como dicen, "se arrepienten". Una de las asociaciones mayoritarias, la Fundación Chrysallis ya ha denunciado que para reformar la norma el Gobierno de Ayuso solo ha buscado respaldo entre personas tránsfobas o ultracatólicas para justificar los cambios. No obstante, no ha podido incluir muchas de las medidas que planteaban y han tenido que presentar enmiendas a su propio texto - el mismo que según Ayuso lleva listo para ser aprobado desde marzo - por tener incorrecciones y falta de seguridad jurídica.

Esta agrupación se ha puesto en contacto con ElPlural.com para dejar constancia de que no son “un lobby tránsfobo”. “AMANDA es una agrupación apartidista, laica e independiente”, señalan, remarcando que “jamás ha solicitado una subvención y su financiación procede íntegramente de las aportaciones de las familias” y que “tampoco existe ningún tipo de afiliación política”, insistiendo en que su “único objetivo” es “luchar por garantizar la salud mental y física” de los hijos antes el surgimiento de la “Disfobia de Género de Inicio Rápido por contagio social”.

El PP, no obstante, insiste en que se trata solo de una modificación de las leyes aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes. Argumentario aparte, la norma implica directamente su derogación. Con el sí ya aprobado, la Ley LGTBI se ve despojada de contenido, mientras que a la Ley Trans se le arrebata su pilar fundamental: desaparece de la norma el concepto de "autodeterminación de género" o "identificación de género libremente manifestada". Un hecho que ya recoge la Ley Trans estatal pero que, en términos prácticos, los documentos autonómicos ya no reflejarán la identidad de género propia en la tarjeta sanitaria, el abono transporte o el carnet de la biblioteca, sino el sexo legal registrado en el DNI.

Esto plantea severos problemas para los menores de 12 años, quienes no pueden cambiar esta información. Por poner un ejemplo. Un niño trans menor de doce años que coja el Metro o el autobús y se tope con un revisor va a tener que verse obligado enseñar el abono transporte con el nombre femenino que sus padres le asignaron al nacer.

La norma no solo se queda ahí. En los colegios, si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, pero será, por ejemplo el profesor, el que elija por él si puede usar un vestuario masculino o femenino. Una cuestión que puede ser problemática para el menor en caso de que se encuentre con un responsable que no le permita ir al vestuario o al baño en el que se sienta más cómodo y le corresponde.

Tampoco queda nada del plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios. La norma elimina de los planes de estudio los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI y la formación de los profesores en esta materia. Además, los medios de comunicación públicos no estarán obligados a contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual, y la Comunidad no proporcionará medios a los ayuntamientos para programas destinados a este colectivo.

También decaen herramientas validadas por varias sentencias judiciales, como la inversión de la carga de la prueba.

Una cuestión que las asociaciones LGTBI de la Comunidad de Madrid consideran que es un "borrado" de las personas del colectivo y el primer retroceso en derechos en esta materia de la democracia.